En la ciudad de Mar del Plata a los 20 dìas del mes de abril del año dos mil once se constituye el Tribunal de Trabajo Nro. Tres Departamental en Acuerdo




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En la ciudad de Mar del Plata a los 20 dìas del mes de abril del año dos mil once se constituye el Tribunal de Trabajo Nro. Tres Departamental en Acuerdo Ordinario a los fines de dictar SENTENCIA en los autos caratulados “SABATINI ALLER Carolina c. LA CAJA ART. SA s/ Accidente in itinere” (expte nro. 20.101).

ANTECEDENTES

A fs.23/42 se presentan los dres. Diego G. Lawrie y Roberto Mariano Andriotti Romanín, ambos en su carácter de letrados apoderados de CAROLINA EUGENIA SABATINI ALLER (según instrumento de fs.2) e incoaron demanda laboral contra LA CAJA ART. SA por el cobro de $ 88.250 (fs.25vta); en concepto de sumas dejadas de percibir como consecuencia de la aplicación de topes derivados del art. 14 ley 24557 to. Decreto 1278/00; que a su juicio resulta aplicable el decreto 1694/09, en subsisdio planteó la inconstitucionalidad art. 14 de la ley referida; que la actora se desempeñó como supervisora de cajas a órdenes del supermercado minorista Jumbo Retail Argentina SA (VEA) en Avda. Edison 1118 de ésta; que en fecha 12.1.08 la actora sufrió un grave accidente de trabajo in itinere; que la aseguradora de la empleadora -la aquí demandada La Caja ART SA- prestó a la actora las prestaciones médicas y económicas de rigor; que la ILP cesó en fecha 21.7.09 en ocasión de prescribirse a la actora, el alta médica, tras lo cual se incorporó a su trabajo en el super Vea; que en fecha 4.2.10 la actora fue examinada por la Comisión médica local estableciendo en fecha 10.2.10 como grado de incapacidad, la del 49% de la total obrera; que la demandada comunicó a la actora que a partir del 15.3.10 se encuentra a su disposición, la pertinente indemnización tarifada prevista en la ley 24.557, ocasión en que se aplicara el tope previsto en el art. 14 inciso 2 ley 24.557; que la ind. sin tope asciende a $ 164.211; que con tope la misma se calculó y abonó en $ 88.200, que asi es que reclama el pago del saldo de $ 88.200; que en fecha 29.4.10 la actora reclamó el pago de dicha diferencia; que abogó por la aplicación al caso del decreto 1694/09 de fecha 6.11.09, cuyo art. 2 suprime los topes de referencia, que resulta inconstitucional el momento de entrada en vigencia del decreto 1694/09 (art. 16); que la actora se accidentó vigente el decreto 1278/00, pero la incapacidad se homologó el dìa 10.2.10 y se indemnizó a mediados de marzo 2010, actos estos dos cumplidos vigente el decreto derogatorio de topes nro.1694/09; que resulta aplicable lo dispuesto por el art. 3 de Código Civil como consecuencia jurídica existente o no consolidada; seguidamente y en subsidio planteó la inconstitucionalidad del art. 14 ap. 2do ley 24.557 (tope); refirió al leading case de CSJN “Vizzotti”; que la aplicación del tope resultó confiscatoria a la actora; que frente a la colisión de intereses se debe privilegiar aquel del damnificado, antes que el de la aseguradora; prestó juramento del art. 39 ley 11653; practicó liquidación y solicitó se apliquen los intereses desde la fecha del accidente (fs.40); y ademàs reclama el pago de los intereses devengados entre la misma fecha del accidente y la fecha de percepción de ind.; agregó prueba documental a fs. 6/22; ofreció la restante y propició se haga lugar a la demanda con costas;

A fs.50/65 contesta la demanda el dr. Lisandro Domingo con el patrocinio letrado del dr. Franklin Llan de Rosos en su carácter de gestor procesal de LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO A.R.T. SA; advierte que la responsabilidad de su cliente se halla acotada en los términos previstos en la ley 24557; que la demandada diò cabal cumplimiento a sus obligaciones; reconoció haber suscripto con la firma Jumbo Retail Argentina SA contrato seguro riesgos de trabajo; opuso defensa de pago total; que quien debiera responder del planteo de la actora es la empleadora de la misma; que los planteos de inconstitucionalidad de la actora resultan defectuosos e insuficientes; a fs.54/61 sostuvo la constitucionalidad del sistema creado por la ley de riesgos, que el reclamo basado en el posterior decreto 1694/09 constituye plus petitio; que la vigencia del mismo es al 6.11.00; impugnó liquidación; agregó prueba documental, ofreció la restante y propició sea rechazada la demanda con costas.-

A fs.67/75 los letrados presentados por la accionada, justificaron su personería (Art. 24 ley 11653)

A fs.87/91vta el actor produjo segundo traslado,

A fs.96 se declaró la cuestión como de puro derecho, sin objeción de partes, auto éste notificado a las partes a fs. 97/97vta, y sin objeción por las mismas; a fs.102 /104 y 105/106vta actor y demandada (respectivamente) produjeron el informe art. 32 ley 11653;

A fs.108 se dispuso el pase de los autos al Acuerdo, y tras el sorteo de estilo los sres. Jueces decidieron votar las siguientes


CUESTIONES

PRIMERA: Resultan aplicable al sub.lite, las disposiciones previstas en el decreto 1694/09? Y en su caso, es inconstitucional en la especie, el art. 16 del mentado decreto?

SEGUNDA: Corresponde imponer intereses al sub.judice?, y en su caso, cuáles y desde cuàndo?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION el sr. Juez dr. Scagliotti dijo:

Firme y consentido el auto de fs. 96 y por el cual declaróse la cuestión de autos como de puro derecho, corresponde seguidamente dictar Sentencia y sin que sea necesario o exigible en el caso, el previo pronunciamiento de Veredicto, (SCBA, L65757 del 23-2-2000 y TT 3 MDP sent. del 16.9.09 "CALDERON Jose Luis” Expte nro. 13.992);

Y para ello, habré de atenerme a la plataforma fáctica fijada por las partes como sucedida entre ellas, tal cual así surge de la documentación arrimada en la causa (Dictámen de Comisión Médica de fs. 7/10; la cd. de fs.13; y el recibo de pago ind. ley 24557 de fs.6), cuya autenticidad luce reconocida por la demandada en el relato de fs.52 y ssgtes. del responde (art. 44 inciso d ley 11.653) ;

Ello a saber:

1. Que Sabatini Aller nació el pasado 17.9.79 (cfme.fs.7);

2. Que Sabatini Aller trabajó a órdenes de Jumbo Retail SA (Supermercados Vea) como a cajera (cfme fs.7);

3. Que su ingreso base mensual (vgr. Ley 24557) ascendió a $ 2.723,24 (cfme. fs.6);

4. Que la aquí demandada La Caja A.R.T. SA entre el 1.7.04 y el 31.1.09, resultó ser la empresa aseguradora de riesgos de trabajo de la empleadora de la actora (cfme. constancia de fs. 49 no cuestionada por la actora en su segundo traslado de fs.87/91vta);

5. Que el dìa 12.1.08 (esto es vigente el plazo de cobertura aseguraticia de referencia supra), la actora sufrió un accidente In Itinere, cuando se dirigía en moto a su trabajo de menciòn supra, tras lo cual la demandada brindó la atención correspondiente a la siniestrada (cfme. fs.8);

6. Que entonces, a la fecha del accidente, Sabatini Aller contaba con 28 años de edad (cfme. fs.6);

7. Que fijòse como fecha de la primera manifestación invalidante, a aquella en que ocurriera el accidente = 12.1.08 (cfme. fs.8)

8. Que en fecha 21.7.09 se le prescribiò el alta a la actora (cfme. fs.8);

9. Que entre el 11.2.10 y el 28.02.10 la actora percibió de la demandada la prestación dineraria por la I.L.Provisoria por $ 773,7 (cfme.fs.6)

10. Que en fecha 4.1.10 la actora fué sometida a exámen médico de rigor, oportunidad en la que se le diagonosticara fractura supracondilea de fémur izquierdo, fractura de tibia y perone izquierdo (cfme fs.8);

11. Que la comisión médica local según resolución de fecha 10.2.10 declarò que la actora registra una incapacidad laboral Parcial, permanente y definitiva del 49% de la total obrera (cfme. fs.7/10), tal cual asì lo habìan acordado actora y demandada en el contexto de un Acta Acuerdo para dictaminar ILPPD (cfme. relato de fs. 8);

12. Que a partir del 15.3.10 obró a disposición de la actora la ind. Ley 24.557 de rigor (cfme. Cd de fs. 13); que entonces la actora percibió de la demandada $ 87.426,30 en concepto de Capital por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva en los términos del art. 14 ap. 2do. Ley 24.557, decreto 1278/00 y decreto 410/01; importe éste al que se arribó tras restar a la ind.ley 24.557 sin tope en ($ 164.213,50) el tope del art. 14.ap. 2do de la ley (calculado en $ 88.200) y lo percibido por en concepto de ILP ($ 773,7) (164.213,5 – 82.200 – 773,7 = 87.426,3) (cfme. recibo de fs. 6)

13. Que a la actora, nada se le liquidò en concepto de intereses (asi luce por simple omisiòn, del apuntado recibo de fs. 6);

Asi las cosas, el conflicto suscitado entre las partes consiste en dilucidar si -tras el cobro de aquellos $ 87.426,30- Sabatini Aller efectivamente resulta acreedora de alguna diferencia indemnizatoria derivada del sistema de la ley 24557, o si por el contrario -y tal como lo sostuviera La Caja ART SA, munida del recibo de fs. 6- nada se le adeuda a la siniestrada actora;

Y en sustento a su reclamo, la demandante postulò que debe aplicarse al caso, lo dispuesto por el decreto 1694/09 (B.O. 6.11.09) (pago de ind. ley 24.557 sin tope);

Para despejar la cuestiòn, tuve presente que en materia de accidentes de trabajo, a los fines de poder establecer la normativa legal aplicable, resulta indispensable precisar el momento en que el crédito pretendido pudo resultar exigible (SCBA, L79431 del 1-3-2004); que las pautas indemnizatorias (vgr. topes) por un infortunio de trabajo son las que fija “….la legislación vigente a la época en que se produce la incapacidad, que es su consecuencia y determina su exigibilidad, …” (SCBA, L 72695 del 21-3-2001) .

La ley 24.557 claramente establece que declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado tiene derecho a percibir el resarcimiento tarifado de rigor (art. 14 ap. 2do de la ley);

Aplicado el precitado derecho a los hechos traìdos a juzgamiento –concluyo- la ind. derivada del art. 14 inc.2 ap.) ley 24.557 resultò entonces exigible para la actora desde el 10.2.10, dìa en el que recièn se declarara su incapacidad como definitiva (segùn dictàmen de fs. 7/11);


Confirma mi apreciación, la conducta contractual (Arg. art. 218 inc.4to. C.Com) asumida inmediatamente después por La Caja ART SA: Aguardò a la declaraciòn de la comisiòn mèdica del 10.2.10, y una vez dictada, recièn entonces desembolsò los importes en cuestiòn, el pasado 15.3.10;

Y a la fecha del devengamiento o exigibilidad de este crèdito (10.2.10) ya se hallaba en rigor –y desde hacìa mas de dos meses- el decreto 1694/09, eliminatorio de los topes màximos resarcitorios;

Mas en virtud del art 16 de dicho decreto, las disposiciones del mismo “…. entrarán en vigencia a partir Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha….”; norma por cuyo imperio, colocarìa al decreto fuera de aplicación temporal al sub.lite, dado que resultò de los hechos de la causa, que la primera manifestación invalidante fijòse dìa 12.1.08; esto es, mucho antes de la entrada en rigor del decreto 1694/09 (B.O. 6.11.09);

Asi las cosas, y de modo congruente con el expreso pedimento articulado en este sentido a fs.28vta /32vta de la demanda (arg. art. 163 CPC y 47 ley 11653) coincido con Sabatini Aller en que el art. 16 del decreto 1694/09, contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado (arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional), y con infracciòn al principio de la norma más favorable y al principio de progresividad (conforme el art. 75, inciso 23 de la C.N. y 39 de la Carta Magna Provincial). (“Inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto 1694/09? Por Rodolfo Aníbal González y HORACIO SCHIK en Informe Laboral Nº 17 de septiembre de 2010).

Y a la hora de decidirme por la abrogaciòn –y por su inconstitucionalidad- del art. 16 del decreto 1694/09, decisivos e insoslayables resultaron -en primer lugar- el hecho que la obligación en cuestiòn (pago de la ind. art. 14 2do parr. Ley 24557) se devengò en el tiempo en fecha 10.2.10, esto es, ya dictado del decreto 1694/09 (BO. 6.11.09) y -luego- las particulares caracterìsticas fàctico/personales del presente caso;

Postura la que habrè de fundar:

Primero: Y fundamentalmente, en que la redacciòn del artìculo 16 del decreto in examine contiene un claro exceso reglamentario, y por cuyo imperio quedan desactivados y/o evitados los efectos propios previstos por una Ley pre-eminente, como lo es, el art. 3 del còdigo civil (doct. arg. art. 31, 99 inc.2do ccdtes. CN); cuya inaplicabilidad al caso concreto, conllevarìa un severo y tangible perjuicio a la siniestrada actora en el pleno goce de derechos tan caros a la Justicia Social, como lo son los derivados del règimen de accidentes de trabajo (arg. art. 14 bis CN y SCJBA L. 84.059 del 16.5.07 y TT3 MDP “Arendt” del 12.5.10 expte.12776)

Segundo: En los vastos y fundados argumentos doctrinarios y jurisprudenciales abogados a fs.28vta/32vta (los que comparto, y por razones de brevedad me remito y doy por reproducidos);

Tercero: Que cuando se trata de esclarecer la aplicaciòn o inaplicación de topes resarcitorios en materia de accidentes de trabajo, no debe perderse de vista la naturaleza de los derechos en juego, sobre todo cuando queda claramente demostrado en el juicio la existencia de una severa pèrdida de la aptitud laborativa atribuìble al medio laboral (CNAT Sala V 25.2.78 DT.1979.541) (Tal el caso de autos, donde una joven mujer a los 28 años de edad, como consecuencia de un accidente in itinere, padece en su integridad fìsica, un quebranto o incapacidad permanente y definitiva del 49% de la total obrera).

Que recientemente la C.S.J.N. ha expresado en la causa "Arcuri Rojas, Elisa c. ANSES" de fecha 3 de noviembre de 2009 "…la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia"."…Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado"."…Que sería estéril el esfuerzo realizado por el legislador para cumplir con la obligación establecida en el art. 1º del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Protocolo de San Salvador"), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por vía interpretativa se sustrajera de esa evolución a quienes se encuentran en situación de total desamparo por aplicación de leyes anteriores que establecían un menor grado de protección, máxime cuando se encuentra demostrado que el causante ….. reúnen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, según han sido previstos en el actual esquema normativo".

(cfme. CNAT sala VII del 19/08/2010 in re “Ojeda, Anabela Vanesa p/si y en Representación de sus Hijos men. Alan Nahuel y Lucas Manuel, Sturla c. A.R.T. Interacción S.A”)

Cuarto: Que el art. 16 del decreto 1694 es similar a la anàloga disposición contenida en el decreto 1278/00, y en consecuencia cabe aplicar la postura jurisprudencial que interpretó que las nuevas indemnizaciones importaban el reconocimiento legal de la insuficiencia de las previstas con anterioridad, por lo que debían aplicarse a las situaciones pendientes de resolución, ello asi por razones de equidad y justicia (arg. art 16 CC) y a la luz del art. 3 del Cód. Civil; asi, el régimen establecido en el decreto 1694/09 resulta aplicable a aquellas situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia, sin que ello implique violar el principio de irretroactividad de las leyes, pues ello importa la aplicación inmediata de la ley a los efectos pendientes. Es el caso, pues, que atendiendo al principio protectorio previsto por el art. 9 (t.o. ley 26428) LCT, la potestad conferida al juzgador por el art. 39 de la Constituciòn Pcial. y la aplicación inmediata consagrada por el art. 3º del código civil, resulta sostenible el criterio que propicio, más aún teniendo en cuenta la naturaleza laboral y alimentaria de la cuestión en disputa, así como por el reconocimiento legal (decreto 1694/09) de la insuficiencia de los resarcimientos vigentes con anterioridad, habilitando el control de constitucionalidad requerido expresamente por la actora.(cfme. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Neuquen – sala I Circunscripción Judicial del 18.2.10 “CIFUENTES C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ ” (EXP Nº 373508/8).

Asi, y atenièndonos a la norma del art 3 CC “….en materia de infortunios laborales, y particularmente en el ámbito del régimen de la ley 24.557, resulta factible y positiva la aplicación de la norma vigente al momento de cada etapa prevista por la normativa en relación al daño, resultando irrelevante la fecha de la contingencia (día del infortunio se fue un accidente de trabajo o fecha de la primera manifestación invalidante en el supuesto de enfermedades profesionales)…” (CNAT “Graziano Antonio y otro c/ Trilenium S.A. y otro”, citado a fs. 30vta in fine de la demanda) “

Asi, “…la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1694/09 a los infortunios ocurridos con anterioridad……no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras ( arts 14 y 17 CN) sino que protege a los trabajadores……...que han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una indemnización depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22), máxime cuando desde las modificaciones introducidas en diciembre de 2000 las ART vienen cobrando sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados aunque abonando prestaciones…. lo que nos lleva en principio a declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09 en cuanto impide la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad…….. (art. 3° CC ; Horacio Schick "Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales" Ed. David Grinberg, 3° edición, 2010, pág 564 y sgtes., N° 9.10).

Por todo lo expuesto, y en consonancia con los precedentes jurisprudenciales citados, considero justo declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09, ello con fundamento en las propias normas de rango supranacional citadas por la C.S.J.N., en caso análogo y en el principio de progresividad (art. 39 de la Constituciòn de la Pcia. BsAs.) decisiòn la que adopto sin dejar de observar que la misma no excede los límites cuantitativos ni cualitativos de la pretensión respecto a la ART porque se otorga la indemnización tarifada y no se incluyen en la condena rubros no peticionados, tampoco se ven conmovidas las reglas del debido proceso en tanto la ART concurrió al juicio, transitó ìntegramente sus etapas, ejercitó con amplitud su derecho de defensa interponiendo todas las articulaciones que estimó convenientes sin limitación alguna, así como respecto a las inconstitucionalidades planteadas, advirtiendo en su réplica que solamente se encuentra obligada al cumplimiento de las prestaciones previstas en la LRT y este pronunciamiento no coloca a la aseguradora en una situación de responsabilidad extrasistémica (cfme. Segunda Cámara del Trabajo de Mendoza, Primera Circunscripción Judicial, en autos n° 38.321, cara-tulados “PIZARRO DENGRA ARIEL HECTOR C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/ Accidente Del 16.9.10” y Cuarta Cámara del Trabajo de Mendoza sent. “ROJAS ZENON ALFREDO C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” del 29.9.10)

Como consecuencia de lo expuesto, habiendo devengado Sabatini Aller en concepto de ind. art. 14 ley 24.557 por el siniestro sufrido y sin aplicación de topes (por asi disponerlo el decreto 1694/09 declarado aplicable al sub.lite) la suma de (164.213,5 – 773,7) $ 163.440, de los cuales sòlo percibiò $ 87.426,30, la acciòn en procura de su diferencia de (163.440 – 87,426,3 ) $ 76.014 es de recibo;


Lo resuelto (esto es la aplicación y por equidad de los paràmetros del decreto 1649/09) –sino desplaza- torna en abstracto al resto de los planteos contenidos en la demanda (JNT nro. 66 del 30.6.10 “Perez Hoyos” La Ley On Line).

ASI LO VOTO (art. 39, 168 y 171 de la Constituciòn Pcial; art.14, 14 bis, 17, 19, 31, 99 inc.2do, 73 incs. 23 CN; arts. 3 y 16 CC, 9 LCT; art, 7, 9 y 14 ley 24.557, decreto 1694/09, en la doctrina legal SCJBA de referencia y demàs jurisprudencia y doctrina citadas)

A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Novoa y Casas adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


A LA SEGUNDA CUESTION el sr. Juez dr. Scagliotti dijo:

Al capital resarcitorio previsto y derivado del règimen de la ley 24.557 (cuyo saldo o diferencia se estimara supra en $ 76.014), corresponde aplicar los intereses moratorios previstos y derivados del règimen de la ley 24.557 (intereses por cierto, reclamados a fs. 38 pto.VI, y sin que mereciera rèplica de la demandada a lo largo de su responde); los que deberàn ser calculados según la tasa activa que fije el Banco de la Nación Argentina, conforme lo dispuesto por la resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) Nros, 414/99 y 287/01, resultando inequívoca la intención del legislador en el sentido que el damnificado/ACREEDOR de una indemnización por un accidente de trabajo, perciba los importes derivados de ley 24.557 según la tasa de menciòn supra (en este sentido T.T. 3 MDP "Ferrer"; "Calderón/Consolidar"; y "Durante/Recalbplast"; "Arent/Asociación" entre otros y recientemente SCJBA L. 102.096 del 22.12.10).

Transitivamente con lo resuelto en la primera cuestiòn de esta sentencia, el punto de partida para el corrimiento de los intereses habrà de coincidir con el momento en que el capital en cuestiòn se hizo exigible para la actora, en consecuencia y ante su falta de pago por la obligada, corresponde imponer los intereses a la demandada, los que correràn desde el 10 de febrero de 2010.

Luego, de conformidad con lo previsto en el art. 777 del Código Civil corresponde imputar el pago efectuado por la aseguradora demandada a fs. 6 y por $ 87.426,30 primero a intereses y luego al capital (CNAT Sala IV, S.D. 93.539 del 25/08/2008 Expte. nro. 6.494/2006 “ Ferraro” y TT3 MDP “JUAN” expte nro. 13.902 del 16.2.11) saldo el que seguirá devengando intereses desde el 15.3.10 hasta la fecha en que estos actuados pasaron al Acuerdo (9.3.11 segùn fs. 108) y sin perjuicio de un nuevo devengamiento de intereses hasta la fecha de su efectivo pago (Arg.art. 276 LCT)

Su càlculo =

a) 163.440 - (87.426,30 - 2.786 Intereses TABN perìodo 10.2.10/15.3.10 ) =

= 163.440 - 84.640,30 = $ 78.800

b) InteresesTABN s/ $ 78.800 perìodo 15.3.10/9.3.11 = $ 14.616

$ 78.800 + $ 14.616 = $ 93.416

ASI LO VOTO (art. 168 y 171 de la Constituciòn de la Provincia de Buenos Aires; art. 7, 9, 14 inciso 2, ssgtes y ccdtes ley 24.557 S.R.T. nros. 414/99 y 287/01 y doctrina legal SCBA de menciòn supra). 


A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Novoa y Casas adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


A LA TERCERA CUESTION el sr. Juez dr. Scagliotti dijo:

Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales allí referidos, corresponde:

1) Declarar la Inconstitucionalidad en la especie del art. 16 decreto 1694/09 y en consecuencia, hacer ìntegro lugar a la demanda, condenando a LA CAJA ART. S.A. a pagar a CAROLINA EUGENIA SABATINI ALLER, la suma de $ 78.800 (PESOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS), dentro de los diez dìas de notificada la presente, en concepto de saldo/capital històrico (ind. art. 14 ley 24.557 t.o. Decreto 1694/09) por el siniestro sufrido con fecha 12/1/08.

2) Imponer las costas y los intereses a la demandada, aplicándose la tasa de descuento fijada por el Banco de la Nación Argentina y sin perjuicio de su oportuno cálculo, hasta el momento de su efectivo pago. Así efectuado el cálculo, la suma asciende a $ 14.616, calculados desde el 15/03/10 hasta el 09/03/11. Totalizando la demanda en concepto de capital más interés por la suma de $ 93.416 (PESOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIES) sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al 09/03/11 hasta el momento de su efectivo pago. (arts. 19 ley 11653, 622 del Cód. Civil, SRT Nros. 104/98, 414/99 y 287/01).
A mérito de la singular, precisa y fundada actuación técnica y probatoria cumplida en autos por los letrados intervinientes, voto por regular sus honorarios profesionales, en el 12% para cada uno de los abogados de la parte actora y en el 16,8% para los letrados de la parte demandada, según el rol desempeñado en estos autos (arts. 21/24, 26, 28, 30, 51 Ley 8904) (conf. sentencia de este Tribunal de fecha 12/05/10, en autos caratulados: “ARENDT Matías c. ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE CASINO Y OTROS s. Accidente” (expte nro. 12.776). En consecuencia, estimo los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, Dres. Diego Gabriel Lawrie y Roberto Mariano Andriotti Romanin, en la suma de Pesos: Once mil doscientos diez ($ 11.210) para cada uno de ellos, los del letrado apoderado de LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A., Dr. Lisandro D. Domingo en la suma de Pesos: Cinco mil doscientos treinta y uno ($ 5.231) y los del patrocinante de la demandada, Dr. Franklin Llan de Rosos, en la suma de Pesos: Diez mil cuatrocientos sesenta y dos ($ 10.462), a los que se adicionará el porcentaje de ley, y en caso de resultar los profesionales intervinientes inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho, impuesto, los que se calculan sobre la suma de $ 93.416 en concepto de capital mas intereses.

Así lo voto.-

A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Novoa y Casas adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACION FIRMAN LOS SRES. JUECES POR ANTE MI, SECRETARIO, DE LO QUE CERTIFICO Y DOY FE.-


DR. FERNANDO NOVOA

PRESIDENTE


DR. RICARDO M. SCAGLIOTTI DR. JOSE M. CASAS

JUEZ JUEZ


"SABATINI ALLER, CAROLINA E. c / LA CAJA ART S.A. s/ ACCIDENTE IN ITINERE". Expte. Nº 20.101


Mar del Plata, 20 de abril de 2011.-

AUTOS Y VISTOS: Atento el resultado de la votación habida precedentemente, y por los fundamentos legales allí referidos, el Tribunal:

RESUELVE:

1) Declarar la Inconstitucionalidad en la especie del art. 16 decreto 1694/09 y en consecuencia, hacer ìntegro lugar a la demanda, condenando a LA CAJA ART. S.A. a pagar a CAROLINA EUGENIA SABATINI ALLER, la suma de $ 78.800 (PESOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS), dentro de los diez dìas de notificada la presente, en concepto de saldo/capital històrico (ind. art. 14 ley 24.557 t.o. Decreto 1694/09) por el siniestro sufrido con fecha 12/1/08.

2) Imponer las costas y los intereses a la demandada, aplicándose la tasa de descuento fijada por el Banco de la Nación Argentina y sin perjuicio de su oportuno cálculo, hasta el momento de su efectivo pago. Así efectuado el cálculo, la suma asciende a $ 14.616, calculados desde el 15/03/10 hasta el 09/03/11. Totalizando la demanda en concepto de capital más interés por la suma de $ 93.416 (PESOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIES) sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al 09/03/11 hasta el momento de su efectivo pago. (arts. 19 ley 11653, 622 del Cód. Civil, SRT Nros. 104/98, 414/99 y 287/01).
A mérito de la singular, precisa y fundada actuación técnica y probatoria cumplida en autos por los letrados intervinientes, se regulan sus honorarios profesionales, en el 12% para cada uno de los abogados de la parte actora y en el 16,8% para los letrados de la parte demandada, según el rol desempeñado en estos autos (arts. 21/24, 26, 28, 30, 51 Ley 8904) (conf. sentencia de este Tribunal de fecha 12/05/10, en autos caratulados: “ARENDT Matías c. ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE CASINO Y OTROS s. Accidente” (expte nro. 12.776). En consecuencia, regùlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, Dres. Diego Gabriel Lawrie y Roberto Mariano Andriotti Romanin, en la suma de Pesos: Once mil doscientos diez ($ 11.210) para cada uno de ellos, los del letrado apoderado de LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGO DEL TRABAJO S.A., Dr. Lisandro D. Domingo en la suma de Pesos: Cinco mil doscientos treinta y uno ($ 5.231) y los del patrocinante de la demandada, Dr. Franklin Llan de Rosos, en la suma de Pesos: Diez mil cuatrocientos sesenta y dos ($ 10.462), a los que se adicionará el porcentaje de ley, y en caso de resultar los profesionales intervinientes inscriptos al IVA, deberá adicionarse el porcentaje correspondiente a dicho, impuesto, los que se calculan sobre la suma de $ 93.416 en concepto de capital mas intereses.

3) Regístrese. Notifíquese. Practíquese liquidación.- Oportunamente ARCHIVESE.-


DR. FERNANDO NOVOA

PRESIDENTE


DR. RICARDO M. SCAGLIOTTI DR. JOSE M. CASAS

JUEZ JUEZ


CERTIFICO: De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 59 ley 11.653 que los Señores Jueces recibieron estos autos a fin de emitir su voto en las siguientes fechas:

Dr. Ricardo M. Scagliotti: 10/03/11 votada: 14/03/2011

Dr. Fernando Novoa: 14/03/2011 votada: 16/03/2011

Dr. Josè M. Casas: 16/03/2011 votada: 31/03/2011

Dr. Oscar H. Orlando

Secretario

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