En la ciudad de Mar del Plata a los 13 días del mes de abril de dos mil doce se constituye el Tribunal de Trabajo Nro. Tres Departamental en los autos




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parte actora -prácticamente- sólo ofreció como prueba, a las actuaciones judiciales anteriores (expte. nro. 14.593); mientras Consolidar ART SA ninguna prueba ofreció en su defensa (asi surge por simple omisión de su descargo de fs.44/52vta);

8. Que -entonces- el debate instalado en la causa que nos ocupa (expte. 22.679) consiste en dilucidar cuestiones -prácticamente- de Puro Derecho (vgr. inconstitucionalidades arts. 14 ley 24.557 y 16 ley decreto 1694/09);

9. Que Consolidar ART SA no opuso reparo formal alguno a que se resuelvan -sea en el marco procesal de medida-autosatisfactiva o cualquier otro- los planteos formulados por Tur en su libelo;

Asi las cosas, juzgo sin hesitación que el singular escenario descripto supra, es propicio para resolver de modo definitivo y en el marco procesal pretendido por TUR, las cuestiones pendientes de dilucidación entre las partes;

No sin antes manifestar que la aplicación del instituto analizado, resulta de interpretación sumamente restrictiva, y limitada a casos puntuales de manifiesta admisibilidad, como entiendo que sucede en el caso de marras.

Para sostener mi decisión en el sentido que sea -aquí y ahora- la oportunidad para sentenciar esta causa auto-satisfactiva, acudo a los lineamientos fijados por el Juzgado de 1ra. Instancia de Concepción del Uruguay, vertidos in re “Beninca" (sent. del 4.5.10), (caso similar al de autos) cuyos fundamentos comparto al par de considerarlos plenamente aplicables al sub.lite, ello a saber:

· Que las denominadas medidas auto-satisfactivas “… importan una satisfacción inmediata y definitiva de los requerimientos de sus postulantes, sin que dependa su vigencia y mantenimiento de la interposición simultánea o posterior de una acción principal (De los Santos, Mabel “Medidas auto-satisfactivas  y medida cautelar, semejanzas y diferencias entre ambos institutos procesales, en obra colectiva medidas  cautelares, pág. 31 y sgtes. dirigida por Roland Arazi, Ed. Rubinzal Culzoni 1998)…”

· Que “…el rasgo común a este tipo de medidas se centra en el carácter urgente, lo cual presupone que su dictado deber efectuarse con la mayor celeridad posible y aun sin control de parte, esto último en tanto medie una probabilidad cercana a la certeza del derecho invocado…. no siendo suficiente la simple verosimilitud del derecho. Este último autor citado también ha enseñado que "...esta medida otorga preponderancia a la actividad del juez quien ha de atender principalmente a la naturaleza de la relación sustancial en cautela de la cual es solicitada la medida ; apreciar la gravedad y la inminencia del peligro de su violación; la realidad del daño que la negativa de la medida  podría producir a la parte; apreciar si la tutela normativa originaria y las medidas  conservatorias típicas previstas en la ley se demuestran insuficientes e inadecuadas para prevenir el daño; y todas las demás circunstancias que le llevan a la convicción de que la medida  anticipatoria de los efectos de la decisión de mérito es necesaria y urgente para prevenir el daño o hacer cesar la continuidad de la lesión". (BERIZONCE, Roberto, “Tutela anticipada y definitoria”, JA, 1996-IV, pág. 741).

· Que “..no es una diligencia cautelar. Si bien se asemeja a esta, ya que ambas se inician con una postulación de que se despache favorablemente un pedido, se diferencian nítidamente, en función de lo siguiente: a) Su despacho (el de la medida autosatisfactiva) reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud con la que se contenta la diligencia cautelar. b) Su dictado acarrea una satisfacción definitiva de los requerimientos del postulante. c) Y lo más importante: se genera un proceso (a raíz de la iniciación de una medida autosatisfactiva) que es autónomo en el sentido que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo…”


· Que “…en cuanto a su basamento procesal, entiendo que la esencia de este instituto es de raigambre constitucional, no sin antes acotar que la temática que se aborda en este tipo de medidas mantiene una directa vinculación con la moderna concepción del proceso, que pone su énfasis en el valor "eficacia" y en el carácter instrumental de las normas procesales, en tanto su finalidad prioritaria se centra en la efectividad de los derechos sustanciales. Para ello, efectúo un breve delineamiento de los derechos constitucionales involucrados, pudiendo citar a modo de síntesis la garantía prevista por el art. 18 de la Constitución Nacional, en tanto establece como principio fundamental la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, ya que el concepto de juicio que se infiere de la norma está referido a las causas judiciales y por ello se hace extensivo a los jueces y al procedimiento. Específicamente, con la reforma constitucional de 1994 se incorpora un conjunto de principios de derecho que viene a otorgar a la efectividad prevalencia de carácter general con incidencia sobre los derechos específicos. En el marco de este trabajo ha de repararse que el principio general emanado de la denominada "tutela judicial efectiva", ha operado expresamente a través de la incorporación de las prescripciones del Pacto de San José de Costa Rica, al bloque constitucional incorporado por vía del art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional. Como consecuencia del mismo y teniendo presente que este principio general del derecho se proyecta a todos sus ámbitos y a todas las ramas jurídicas, deviene una exigencia sustancial del ordenamiento positivo, regular una tutela judicial urgente que con autonomía propia preserve ciertas y determinadas situaciones jurídicas ….”

Medida autosatisfactiva la cual “…en el ámbito del Derecho Laboral adquiere una trascendental importancia ya que previene situaciones en las que deviene impertinente someter al trabajador a los tiempos excesivos de un juicio ordinario. Para ello es necesario- y así se ha dispuesto en el caso sometido a estudio, encontrar un verdadero equilibrio entre esta eficacia del Derecho aplicable y la igualdad de las partes, siguiendo el principio de bilateralidad del proceso, sin vulnerar el mismo y eventualmente la facultad de contradecir que posee la parte que deberá soportar los efectos de la medida. …Así ha sido tramitado el caso que nos ocupa …” al punto de “… someter la cuestión a una previa y reducida sustanciación.…… Solo cabe agregar que la indemnización para ser justa y cumplir con el objetivo reparatorio que conlleva, debe ser temporánea. …”(Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 4a Nominación de Santiago del Estero; “ Vallejo, “ sent. del 16/02/2011).

Y si bien la doctrina sobre la materia admite la posibilidad de resolver a las acciones autosatisfactivas inaudita pars “…lo cierto es que unánimemente consiente la factibilidad de respetar el principio de bilateralidad cuando ello es viable pese a la urgencia del caso…” (JNT N° 25 Expte n° 26008/04 15/12/04 “Pezzola, Mario c/ CNA ART SA s/ medida cautelar”; idem CSJN Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios c/ COAS Costrucciones y Servicios SA” 18/125/07 Fallos 330:5251) y -muy especialmente- SCJBA Ac.  90.868, "C., M. y  otra contra OSMECON SALUD s/ Amparo" y Juzg. Nac. 67 sentencia del 2-8-96 "Clavero Miguel Angel c/ Comite Olímpico Argentino (COA) s/ amparo" de mención en el dictámen del Procurador de la SCJBA ,en el fallo de mención supra);

Principio de bilateralidad -insisto- respetado en la especie por el Tribunal a partir del despacho de fs.30, a consecuencia del cual, la demandada quedara habilitada para realizar su descargo de fs. 44 y ssgtes;

A salvo los reparos formales del reclamo, corresponde seguidamente abordar las cuestiones que hacen al fondo del asunto.

A) Respecto a la aplicabilidad al sub.lite del decreto 1694/09 (B.O. 6.11.09):

Habiéndose ya pronunciado este Tribunal sobre la materia (in re “SABATINI ALLER”, expte nro. 20.101, sent. del 20.4.11) cabe reiterar que, en materia de accidentes de trabajo, a los fines de poder establecer la normativa legal aplicable, resulta indispensable precisar el momento en que el crédito pretendido pudo resultar exigible (SCBA, L79431 del 1-3-2004) y que las pautas indemnizatorias (vgr. topes) por un infortunio de trabajo son las que fija “….la legislación vigente a la época en que se produce la incapacidad, que es su consecuencia y determina su exigibilidad, …” (SCBA, L 72695 del 21-3-2001) .

La ley 24.557 claramente establece que declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), recién entonces el damnificado tiene derecho a percibir el resarcimiento tarifado de rigor (art. 14 ap. 2do de la ley);

Y el precisar cuando la dolencia adquiere "definitividad " es relevante “..a fin de contar con un elemento objetivo que dé seguridad a las partes y deslinde toda duda respecto del derecho aplicable…. Por cuanto el trabajador afectado por alguna de las contingencias cubiertas por el sistema queda incapacitado en forma permanente, ya sea parcial o totalmente, la definitividad, según la ley , se producirá cuando se concreten las siguientes situaciones: a- el cese del período de incapacidad temporaria... b- El cese del período de incapacidad provisoria por haber vencido los plazos establecidos en el art. 9.1...c- la declaración del carácter definitivo de la incapacidad en los casos en que la incapacidad del trabajador fuera total (superior al 66%). Aquí la definitividad se producirá cuando así lo certifique el dictamen emitido por la Comisión Médica,en cuya determinación la aseguradora tiene la debida intervención y control, además de las instancias recursivas reguladas en el art. 46. En conclusión, el concepto de primera manifestación invalidante... no es determinante para establecer el momento en el que se hace exigible el otorgamiento o percepción de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14.2.a y b; 15.2, 17 y 18.1 LRT, donde la nota esencial que se impone es la "definitividad" de la incapacidad del trabajador. Así expresamente lo expresa y condiciona el legislador al decir "declarado el carácter definitivo de la incapacidad permanente" (art. 14.2 y 15.2 LRT)" (S.C.J.Mendoza., Sala II causa 92.069, "Provincia ART SA en 33.603 "López, A.B. c/ DGE p/ Acc" s/ Cas.", de fecha 11/11/2008 y Cámara 7ma del Trabajo de Mendoza (“Diaz, Luis Martin c. Asociart ART. S.A.” sent del 12/08/2010);

Aplicado el precitado derecho a los hechos establecidos como probados (puntualmente 1ra.cuestión Veredicto, considerando fáctico 20mo.) –concluyo- las indemnizaciones previstas en los art. 11 y 15 ley 24.557 resultaron entonces exigibles para TUR desde el  24.5.10, día en el que recién se declarara su incapacidad como definitiva 

Confirma mi apreciación, la conducta contractual (arg. art. 218 inc.4to. C.Com) asumida inmediatamente después por CONSOLIDAR ART SA: La demandada aguardó hasta a la declaración de la comisión médica del 24.5.11, y una vez dictada ésta, recién entonces puso a disposición de TUR los importes en cuestión, el pasado 17.6.11 (cfme. 1ra.cuestión Veredicto, considerando fáctico 21ro.);

Y lo mismo cabe decir del propio TUR quien recién intima al pago de los créditos en pugna en fecha 22.9.11 por cd. de fs. 21 (cuestión 1ra. Veredicto circunstancia fáctica nro.25);

Resultando que a la fecha de la exigibilidad de estos dos créditos (24.5.11), ya se hallaba en rigor -y desde hacía año y medio - el decreto 1694/09, en cuestión;

Mas en virtud del art 16 de dicho decreto, las disposiciones del mismo “…. entrarán en vigencia a partir Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha….”; norma por cuyo imperio, colocaría al decreto fuera de aplicación temporal al sub.lite, dado que resultó de los hechos de la causa, que la primera manifestación invalidante fijóse al día 17.5.04 (cfme. cuestión 1ra. del Veredicto, apartado fáctico 5to.) esto es,mucho antes de la entrada en rigor del decreto 1694/09 (B.O. 6.11.09);

Asi las cosas, y de modo congruente con el pedimento articulado en este sentido (asi lo interpreto en conciencia de a fs25vta/26 pto.3 de la demanda) (arg. art. 163 CPC y 47 ley 11653) me pronuncio en el sentido que el art. 16 del decreto 1694/09, contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado (arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional), y con infracción al principio de la norma más favorable y al principio de progresividad (conforme el art. 75, inciso 23 de la C.N. y 39 de la Carta Magna Provincial). (“Inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto 1694/09” Por Rodolfo Aníbal González y HORACIO SCHIK en Informe Laboral Nº 17 de septiembre de 2010).

Y a la hora de decidirme por la abrogación del art. 16 del decreto 1694/09 decisivios resultaron que las obligaciones en cuestión (vgr.pago de la ind. art. 11 y 15 Ley 24557) se hicieron exigibles en el tiempo en fecha 24.5.11, esto es, ya dictado del decreto 1694/09 (BO. 6.11.09); y que dichas obligaciones -a la fecha- se hallan impagas en su totalidad (cfme cuestión 2da. del Veredicto);

Declaración de Inconstitucionalidad del art. 16 decreto 1694/09 la que -además- habré de fundar:

Primero: Y fundamentalmente, en que la redacción del artículo in examine contiene un claro exceso reglamentario, y por cuyo imperio quedan desactivados y/o evitados los efectos propios previstos por una Ley pre-eminente, como lo es, el art. 3 del código civil (doct. arg. art. 31, 99 inc. 2do ccdtes. CN); cuya inaplicabilidad al caso concreto, conllevaría un severo y tangible perjuicio al siniestrado actor en el pleno goce de derechos, tan caros a la Justicia Social, como lo son los derivados del régimen de accidentes de trabajo (arg. art. 14 bis CN y SCJBA L. 84.059 del 16.5.07 y TT3 MDP “Arendt” del 12.5.10 expte.12776);

Segundo: Que cuando se trata de esclarecer la aplicación de topes resarcitorios en materia de accidentes de trabajo, no debe perderse de vista la naturaleza de los derechos en juego, sobre todo cuando queda claramente demostrado en el juicio la existencia de una severa pérdida de la aptitud laborativa atribuíble al medio laboral (CNAT Sala V 25.2.78 DT.1979.541) :


Tal el caso de autos, donde una persona casada y con hijos, arrastra en su integridad física, un quebranto o incapacidad permanente y definitiva del 74,63% de la total obrera como consecuencia de un accidente de trabajo;

En esta línea de pensamiento, recientemente la C.S.J.N. ha expresado en la causa "Arcuri Rojas, Elisa c. ANSES" de fecha 3 de noviembre de 2009 "…la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia"."…Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado"."…Que sería estéril el esfuerzo realizado por el legislador para cumplir con la obligación establecida en el art. 1º del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Protocolo de San Salvador"), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por vía interpretativa se sustrajera de esa evolución a quienes se encuentran en situación de total desamparo por aplicación de leyes anteriores que establecían un menor grado de protección, máxime cuando se encuentra demostrado que el causante ….. reúnen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, según han sido previstos en el actual esquema normativo…" (en el mismo sentido: CNAT sala VII del 19/08/2010 in re “Ojeda”)

TerceroQue el art. 16 del decreto 1694 es similar a la análoga disposición contenida en el decreto 1278/00, y en consecuencia cabe aplicar la postura jurisprudencial que interpretó que las nuevas indemnizaciones importaban el reconocimiento legal de la insuficiencia de las previstas con anterioridad, por lo que debían aplicarse a las situaciones pendientes de resolución (tal el caso de autos, en el que no se han abonado a TUR ninguno de los resarcimientos previstos en los art. 11 y 15 ley 24.557), ello asi por razones de equidad y justicia (arg. art 16 CC) y a la luz del art. 3 del Cód. Civil; asi, el régimen establecido en el decreto 1694/09 resulta aplicable a aquellas situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia, sin que ello implique violar el principio de irretroactividad de las leyes, pues ello importa la aplicación inmediata de la ley a los efectos pendientes. Es el caso, pues, que atendiendo al principio protectorio previsto por el art. 9 (t.o. ley 26428) LCT, la potestad conferida al juzgador por el art. 39 de la Constitución Pcial. y la aplicación inmediata consagrada por el art. 3º del código civil, resulta sostenible el criterio que propicio, más aún teniendo en cuenta la naturaleza laboral y alimentaria de la cuestión en disputa, así como por el reconocimiento legal (decreto 1694/09) de la insuficiencia de los resarcimientos vigentes con anterioridad, habilitando el control de constitucionalidad requerido expresamente por la actora.(cfme. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Neuquen -sala I Circunscripción Judicial del 18.2.10 “Cifuentes ” (EXP Nº 373508/8).

La SCJBA tiene dicho que no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata con el de aplicación retroactiva (AC. 50610; 25/02/97) y que en virtud del principio de aplicación inmediata de la ley que consagra el art. 3 del CC la nueva norma toma a la relación jurídica preexistente en el estado en que se encuentra al tiempo de su sanción para regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que a los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron lugar.

En consecuencia “…la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1694/09 a los infortunios ocurridos con anterioridad…no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras ( arts 14 y 17 CN) sino que protege a los trabajadores...que han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una indemnización depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22), máxime cuando desde las modificaciones introducidas en diciembre de 2000 las ART vienen cobrando sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados aunque abonando prestaciones…. lo que nos lleva en principio a declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09 en cuanto impide la aplicación de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad……” (art. 3° CC; Horacio Schick "Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales" Ed. David Grinberg, 3° edición, 2010, pág 564 y sgtes., N° 9.10).

Es que el art.16 del decreto 1694/09 “… incurre en una clara discriminación ya que da un trato injusto y desigual violentando entre otras normas los arts. 14 bis. y 16 de la Constitución Nacional. Así en el precedente "Aquino" la Dra. Highton de Nolasco entendió que la igualdad de tratamiento ante la ley "no admite que se distinga negativamente a quienes ven lesionada su capacidad laborativa por un infortunio, privándoles de aquello que se concede a los restante habitantes en circunstancia similares (considerando 13 del voto de la ministra Highton de Nolasco, C.S. J.N. del 21/9/2004).…El trato desigual que emana de la última parte del art. 16 del dec.1694/09 no es coherente con el principio de igualdad ante la ley instituído por el art. 16 de la C.N. ya que lleva a que una persona dañada con anterioridad a la fecha de vigencia del decreto  perciba prestaciones dinerarias menores e irrisorias a las que percibirá por igual período otro trabajador, por la sola e irrelevante fatalidad de haberse incapacitado antes…” (CNAT sala VII “Poloni “sent.del  30/11/2011; idem “Ojeda”, sent, del 19/08/2010; idem Cámara 4a del Trabajo de Mendoza “Ramírez” sent. del  28/07/2011);

En materia de infortunios laborales y en el ámbito del régimen de la ley 24.557, “…resulta factible la aplicación de la ley vigente al momento de cada etapa prevista por la normativa en relación al daño, resultando irrelevante la fecha de verificación de la contingencia, es decir la fecha del infortunio para los casos de accidentes laborales, o la fecha de la primera manifestación invalidante si se trata de enfermedades profesionales. Es que el daño que genera el derecho a las prestaciones legales se proyecta hacia el futuro y transita diferentes etapas que la ley de riesgos del trabajo ha previsto expresamente, por lo que el régimen de prestaciones a cumplir será obviamente el que prevea la ley al momento de nacer la obligación (conf. arts. 13/15 ley 24.557)."(Toq. 1220. Autos: Torales Gustavo Ramón C/Provincia ART S.A. s/accidente--ley 9688. decreto  1278/00. Ley 24.557. Art. 3 del Cód. Civil. Magistrados: Corach. Scotti. Sala X. 14/12/2006 - Nro. Exp.: 27.088/05 Nro. Sent.: SD. 14.835."…Quien extendiera sus fundamentos atento el contenido de la exposición de motivos del decreto   mencionado in re "Fernández Martín Manuel c/CNA ART S.A. s/accidente de trabajo con ART" (Exp Nº 371662/8), especificando: "Es el caso, pues, que la limitación temporal de aplicación contenida en el art. 16 del decreto mencionado resulta incongruente con los propios fundamentos del mismo, en cuanto reconoce la insuficiencia remuneratoria y la aptitud de las condiciones financieras del sistema, infringe el principio de aplicación inmediata consagrado por el art. 3º del cód. civ., al par que beneficia injustamente a aseguradoras que como en el caso de autos han preterido injustificadamente la cobertura total del daño asegurado. …....Más, debo puntualizar que conforme lo expuesto supra, considero aplicable el decreto o de actualización de prestaciones referido, fundamentalmente porque el mismo fue dictado en cumplimiento de la delegación establecida en el art. 11 inc. 3 de la ley especial y con la clara y necesaria finalidad de reajustar periódicamente los valores indemnizatorios fijados a los efectos de resarcir los perjuicios ocasionados por las enfermedades y accidentes del trabajo, debiendo declararse inconstitucional el art. 16 del decreto  que difiere su rigor, por contradecir los propios motivos de urgencia económica y exceder la expresa delegación formulada, ya que la autoridad reglamentaria solamente podía determinar la mejora de las prestaciones, pero no condicionar su entrada en vigencia. Lo que estimo no transgrede la norma civil transcripta, en cuanto la disposición legal se aplica a las consecuencias jurídicas del evento dañoso, teniendo presente que la resolución del presente recurso fue dictada con posterioridad a su publicación…..Sumando a ello, que tratándose del derecho aplicable, es facultad específica del magistrado revisar su constitucionalidad y vigencia al momento de dirimir el caso concreto, sin que sea necesaria la alegación de parte, fortaleciendo con esta actividad la seguridad jurídica del sistema legal sin que implique vulnerar el principio de congruencia ni el derecho de defensa, como ya me expidiera ampliamente in re "Díaz Gladys Eliana c/Cooperativa Copelco s/despido", (Expte. Nº 309108/4)….".(Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén Sala III autos "Bernal" (Expte. 349.087/7) (Sala I-PS. 2010-T°I-F°61/66), y más recientemente ésta Sala III en autos: "Lipihual " (expte. N° 361997/7) y “Alcocer” del  03/11/2011 ; idem CNAT “Graziano Antonio y otro c/ Trilenium S.A. y otro”);“

Asi, encontrándose pendiente la consecuencia jurídica (cobro de las indemnizaciones ley 24.557), corresponde aplicar al siniestro que nos ocupa, el decreto 1694/2009 (CNAT , sala III “ Romero” sent.del 30/08/2011 y sentencia nº 92.515, causa 6.908/09, en autos "Castro").


Por todo lo expuesto, y en consonancia con los precedentes jurisprudenciales citados, considero justo declarar la inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09, ello con fundamento en las propias normas de rango supranacional citadas por la C.S.J.N., en caso análogo y en el principio de progresividad (art. 39 de la Constitución de la Pcia. BsAs.) decisión la que adopto sin dejar de observar que la misma no excede los límites cuantitativos ni cualitativos de la pretensión respecto a la ART porque se otorga la indemnización tarifada y no se incluyen en la condena rubros no peticionados, tampoco se ven conmovidas las reglas del debido proceso en tanto la ART concurrió al juicio, transitó íntegramente sus etapas, ejercitó con amplitud su derecho de defensa interponiendo todas las articulaciones que estimó convenientes sin limitación alguna, así como respecto a las inconstitucionalidades planteadas, advirtiendo en su réplica que solamente se encuentra obligada al cumplimiento de las prestaciones previstas en la LRT y este pronunciamiento no coloca a la aseguradora en una situación de responsabilidad extrasistémica (cfme. Segunda Cámara del Trabajo de Mendoza, Primera Circunscripción Judicial, en autos n° 38.321, cara-tulados “PIZARRO DENGRA ARIEL HECTOR C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/ Accidente Del 16.9.10” y Cuarta Cámara del Trabajo de Mendoza sent. “ROJAS ZENON ALFREDO C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” del 29.9.10)

Y como corolario de lo resuelto -concluyo- que TUR devengó en concepto de Ind. por accidente de trabajo (art. 11 y 14 ley 24.557 to. decreto 1694/09 y sin limitación de tope resarcitorio) los siguientes importes:

· Diferencia Indemización art. 11 ap. 4.b) y 15 ap. 2do ley 24.557 = (100.000 – 40.000 acogidos en la anterior cuestión de esta Sentencia, como deuda cierta, reconocida por el deudor, líquida, exigible y ejecutiva) = $ 60.000

· Indemnización art. 15 ley 24.557 = (4.995,97 x 12 : 365 x 30,4) x 53 (65:50) = 4.993,23 x 53 x 1,3 = $ 344.033,54

Total = $ 404.033,54

Lo resuelto (esto es la aplicación y por equidad de los parámetros del decreto 1649/09) sino desplaza- torna en abstracto al resto de los planteos contenidos en la demanda (JNT nro. 66 del 30.6.10 “Perez Hoyos” La Ley On Line).

Cabe advertir, que la propuesta que aquí dejo planteada no implica salirse del sistema de la ley de riesgos, ni debe ser considerado por la aseguradora como la imposición de un aditamento pecuniario extra-sistémico no pactado en póliza: Es tan sólo una corrección o ajuste de valores - y por vía constitucional - sin dejar de respetar la télesis, pautas e instituciones propias a la ley 24.557 .

Corrección -a la postre - trazada en la misma dirección adoptada a posteriori por el propio régimen tarifario de la ley 24.557, a partir del decreto 1694/09. (cfme: TT 3 MDP “RUGGERI” expte nro. 18.073 sent. del 7.7.12);

B) Atinente a la constitucionalidad del art. 15 ley 24.557 en cuanto establece el pago de la indemnización alli fijada, en forma de renta:

Fijado en el fallo de los hechos (cuestión 1ra considerandos fácticos 1ro.; 4to; 20mo.; 29no y 2da.cuestión del Veredicto) que TUR: a) resulta ser de estado civil casado, b) y padre de dos hijos, c) que arrastra una grave incapacidad total y definitiva mayor al 74% de la to, d) porcentaje el cual -virtualmente- margina al actor a acceder a cualquier empleo rentado; e) y todo ello como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido hace ya MAS DE SIETE AÑOS , f) momento desde el cual -y hasta la fecha- no ha sido probado que TUR percibiera importe alguno en concepto de resarcimiento o indemnización, renta ni jubilación alguna; ni de la demandada ni de ningún tercero -concluyo- ante semejante panorama, la queja actoral contra la constitucionalidad del sistema de cobro en forma de renta establecido en los arts. 15 de la ley 24.557, se impone y es de recibo.

Fundo mi decisión en la reciente doctrina legal de la SCJBA (voto dr. Pettigiani) fijada in re L. 97.421, del 12.10.11 y -en lo pertinente- en la sentada en L. 102.987 del 14.12.11 las que -sintetizadas- edictan:
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