En la ciudad de Mar del Plata a los 13 días del mes de abril de dos mil doce se constituye el Tribunal de Trabajo Nro. Tres Departamental en los autos




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1. Que “….esta Corte tuvo ocasión de analizar la problemática bajo análisis en el precedente identificado como L. 79.722, "Fernández", sent. del 21-XI-2006 …..En dicha oportunidad se resolvió convalidar la declaración de inconstitucionalidad  del citado art. 15.2 (segundo párrafo) de la Ley de Riesgos del Trabajo formulada en la instancia de origen, por argumentos afines con los que impulsaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para descalificar -en el precedente "Milone, Juan Antonio c/Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente ley 9688" (sent. del 26-X-2004)- la modalidad de pago cuestionada en el sub examine….”

2. Que “…se señaló entonces que el Tribunal nacional entendió configurada la inconstitucionalidad  del régimen de pago a través de una "renta  periódica", por consagrar "...una solución incompatible con el principio protectorio y  los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis Const. Nacional)", afectar "... el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida" e introducir "...un trato discriminatorio". También remarcó que la "renta  periódica", como medio de cancelación de la indemnización tarifada, reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador o su familia reformular su proyecto de vida frente a la repercusión que genera la discapacidad o muerte del operario en la esfera económica y  en el ámbito doméstico, cultural y  social de la víctima o de sus herederos (conf. consid. 7º) y  conlleva un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades   más severas, en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único, distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad  (o sus familias, en caso de muerte del trabajador), desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley (conf. consid. 8º)….”

3. Que con posterioridad al caso "Milone" “…….el alto Tribunal reiteró su criterio contrario a la validez de dicho mecanismo, esta vez con relación a la norma cuya constitucionalidad se debate en autos (art. 15 ap. 2 de la ley 24.557). Así, al fallar la causa T. 168. XLI. “Torales, Gustavo Ramón c/ Provincia ART s/acc. ley 9688" (sent. del 29-V-2007), la Corte federal remitió al dictamen de la Procuración General, en el cual -sin perjuicio de destacar la ausencia de cuestionamiento eficaz por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo de la decisión atacada, en cuanto se había declarado que ésta no tenía interés para recurrir la obligación de saldar en único pago la prestación mencionada, toda vez que, de todos modos, debía depositar en una firma de seguros de retiro (siempre en un único pago) el importe total  de la prestación- hubo de señalarse que "en cuanto al fondo del asunto, advierto que la cuestión -si bien referida aquí a la prestación del artículo 15, inciso 2°, de la ley 24.557- guarda relevante analogía con el precedente de Fallos: 327:4607 (Milone), a cuyos términos procede remitir, en lo pertinente, brevitatis causae", argumento con sustento en el cual concluyó confirmando la declarada inconstitucionalidad del art. 15 ap. 2 de la ley 24.557 (conf. causa cit., ap. IV del dictamen de la Procuradora Fiscal, al que remitió íntegramente y  por unanimidad- la Corte Suprema). …”

4. Que “….más acá en el tiempo, la Corte federal volvió a ratificar dicho criterio en la causa S. 461. XLII. “Suárez Guimbard, Lourdes c/ Siembra A.F.J.P. S.A. s/ indemn. por fallecimiento" (sent. del 24-VI-2008), en la cual confirmó -por unanimidad- la sentencia que había declarado la  inconstitucionalidad  de la forma de pago de la prestación establecida en el art. 15 ap. 2 de la ley 24.557.Señaló allí el alto Tribunal que resultaban plenamente aplicables a dicho caso las consideraciones vertidas en Fallos 327:4607 ("Milone"), concluyendo que se encontraba efectivamente demostrado que el sistema de renta  periódica conducía a otorgar un pago mensual que no daba satisfacción al objetivo reparador que la norma predica, a la vez que impedía a los beneficiarios el ejercicio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta la formulación de su proyecto de vida…”

5. Que “… el pago de la prestación del art. 15 ap. 2 segundo párrafo a través de una renta  vitalicia, en línea con los argumentos esbozados por el alto Tribunal de la Nación, no garantiza al damnificado su ya menguada libertad para encauzar y  reformular su proyecto de vida en el futuro (conf. causa L. 89.979, "S., M", sent. del 16-IV-2008).Siendo así, el pago fraccionado de la prestación mediante renta  periódica, en este caso, desnaturaliza la finalidad para la cual fue concebida, pues no constituye una respuesta idónea para proteger de modo integral al trabajador accidentado, contradiciendo los arts. 14 bis y   17 de la Constitución nacional (conf. la ya citada causa L. 79.722, "Fernández")….”

6. Que -tocante a lo alegado por Consolidar ART SA en el responde “… no obsta a la solución que propongo lo que establece el art. 5 del Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo. Si bien acierta la recurrente en cuanto señala que dicho Convenio es un instrumento internacional vigente en nuestro país -pues ha sido ratificado por la República Argentina por ley 13.560, gozando, de conformidad al art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, de jerarquía superior a las leyes (conf., en ese sentido, causa L. 88.191, "Liwko", sent. del 12-XII-2007, con voto del doctor Hitters al que presté mi adhesión)-, ello no alcanza para modificar la suerte de lo decidido.Al respecto, cabe destacar que, como bien lo puntualizó el doctor Negri en las citadas causas L. 79.722, "Fernández" y  L. 82.724, "M., N.", si bien es cierto que el Convenio 17 prevé, en su art. 5º, que en caso de "accidente seguido de defunción" o "accidente que cause una una incapacidad permanente", las indemnizaciones se pagarán en forma de renta , no lo es menos que dicha norma admite el pago total   o parcial en forma de capital cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo. En consecuencia, aunque a tenor de lo señalado, el pago de la indemnización en forma de renta   no puede considerarse en sí mismo contrario a los postulados de la Constitución nacional ni a los tratados internacionales a los que su art. 75 inc. 22 ha reconocido jerarquía superior a las leyes, considero que, por las razones más arriba mencionadas, en este caso, la aplicación del sistema de la ley genera agravio constitucional y  autoriza, en consecuencia, la revisión del mecanismo en ella previsto….”


7. Que “….aun cuando la L.R.T. no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla -para determinados supuestos- que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche por no establecer excepción alguna para supuestos en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador previsto en la norma aludida (art. 1.b)(...)" y  que "(...)la indemnización de pago periódico -para cumplir con las exigencias constitucionales- debe consagrar una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador in concreto (...) De lo contrario, no se satisfacen los requerimientos de 'asegurar' una condición de labor 'equitativa' (art. 14 bis de la Constitución Nacional), vale decir, justa, toda vez que por su rigor la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar" (cons. 2º). …” (L. 102.987,voto dr. Hitters);

8. Que no obsta a la inconstitucionalidad que aquí propicio dictar, la circunstancia de haber devengado (mas no cobrado aún TUR) de la aseguradora de riesgos, “…la prestación dineraria adicional de pago única prevista en el art. 11 ap. 4. c) de la ley 24.557, “…toda vez que dicha conclusión encuentra respaldo, al cabo, en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa S.461.XLII, "Suárez Guimbard, Lourdes c/ Siembra A.F.J.P. S.A.", sent. del 24-VI-2008 (Fallos 331:1510), mediante el cual el alto Tribunal confirmó la invalidez constitucional -entre otras normas- del art. 18 de la ley 24.557 no obstante haber percibido los derechohabientes, por muerte del damnificado, la compensación que la referida norma contempla…” (L. 102.987 voto dr. De Lazzari) es decir, “….el pago adicional introducido por el decreto 1278/2000 que se recibe junto con la prestación por renta vitalicia, no desvirtúa las conclusiones antes señaladas, toda vez que "(...) su percepción no deja de conculcar el derecho del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito según sus necesidades" (cons. 8°)…”· (voto dr. Hitters);

Fulminada la eficacia constitucional del art. 15 ley 24.557 (en lo que a la forma de pago respecta, únicamente) su corolario o consecuencia necesaria será seguidamente ordenar a que el importe calculado supra en $ 344.033,54 por aquel mismo concepto indemnizatorio, sea entregado por CONSOLIDAR ART SA a TUR, en un sólo y único pago.

ASI LO VOTO (art. 25, 39, 168 y 171 de la Constitución Pcial; art.14, 14 bis, 17, 18, 19, 31, 99 inc.2do, 73 incs. 23 CN; arts. 3 y 16 CC, 9 LCT; art, 7, 9, 11 y 15 ley 24.557, decreto 1694/09, en la doctrina legal SCJBA de referencia y demás jurisprudencia y doctrina citadas, y TT 3 MDP “Rios” expte nro. 17.394; “Sabatini Aller” expte. 14706 ; Ruggeri/Consolidar” expte.18073; “La Segunda ART SA/Dabrowski” expte. 20084; “La Segunda ART SA/Galian” expte. 20255);


A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Alejandro Augusto Lerena y Fernando Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


TERCERA CUESTION: ¿Corresponde imponer en la especie,el pago de Intereses moratorios? Y en su caso, desde cuándo y con qué tasa de interés?


A LA TERCERA CUESTION el sr. Juez dr. Ricardo Martín Scagliotti dijo:

En vista que la demanda que nos ocupa, porta el pertinente reclamo de pago de intereses (fs.25 pto. II.c), mi respuesta a este segundo interrogante es Afirmativa;

Respecto al tipo de interés aplicable al caso:

Si los intereses son accesorios del capital (SCBA, Ac 33140 del 23-7-1985), aquellos habrán de participar de la misma naturaleza jurídica del capital;

Y si el capital -fijado supra en $ 404.033,54 - consiste en el pago de las indemnizaciones art. 11 y 15 de ley 24.557, los intereses a aplicarse sobre las mismas, serán aquellos fijados en el mismo régimen legal;

Putualmente los intereses moratorios previstos y derivados del propio régimen de la Ley 24.557 -en tanto intereses de origen legal-, los que deberán ser calculados según la tasa activa que fije el Banco de la Nación Argentina, conforme lo dispuesto por la resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) Nros. 414/99 y 287/01, resultando inequívoca la intención del legislador en el sentido que el damnificado/ACREEDOR de una indemnización por un accidente de trabajo, perciba los importes derivados de Ley 24.557 según la tasa de mención supra (en este sentido Trib. Trabajo N° 3 MdP in re "Ferrer", Expte. N° 10.761, sent. del 31/3/2009; "Calderón", Expte. N° 13.992 sent. del 16/9/2009; "Durante", Expte. N° 13.948, sent. del 29/12/2009; "Arendt", Expte. N° 12.776, sent. del 12/5/2009; “Ruggeri”, Expte. N° 18.073, sent. del 7/7/2011; “Perez Spangenberg”, Expte. N° 19.625, sent. del 8/6/2011; “Sabatini Aller”, Expte. N° 20.101, sent. del 20/4/2011; “Cortez Zanella", (Expte. N° 17.737, sent. del 23/11/2011 y recientemente, “Villegas” del 9.3.11 expte. 11.390, y “Rios” expte. 17.394) ya mencionado entre otros, y SCBA, L. 102.096, sent. del 22/12/2010, "Biondo").

Sobre este particular resulta pertinente citar la reciente doctrina legal SCJBA fijada en la materia in re L. 108.796, ("F. M. Á. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires y  otro. Enfermedad profesional" del 6.4.11) en el sentido que “….la doctrina cuya supremacía denuncia el recurrente -Emanada de los precedentes Ac. 43.858, "Zgonc", sent. del 21-V-1991 y  L. 74.228, "García", sent. del 19-II-2003- fue elaborada por este Tribunal a instancias de presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento. Allí, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de esta Suprema Corte, radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada. Circunstancia esta última que difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal del trabajo interviniente declaró aplicable la tasa de interés que establece la legislación especial que rige la materia (art. 6 de la resol. de la S.R.T. 287/01)….”

Atinente al punto de partida al curso de Intereses:

Transitivamente con lo resuelto en la primera cuestión de esta sentencia, el punto de partida para el corrimiento de los intereses habrá de coincidir con el momento en que el capital en cuestión se hizo exigible para TUR, en consecuencia y ante su falta de pago por la obligada, corresponde imponer los intereses a la demandada, los que correrán desde el 24.5.11, fecha en que se declarara como definitiva a la Incapacidad total y permanente del actor (cfme. cuestión 1ra. de Veredicto, considerando fáctico 20mo.).

Corrimiento de intereses el que se calcula hasta la fecha del auto de fs. 63 (15.3.12, según resolución dictada en autos en aquella fecha).

Su cálculo = $ 61.790;

Y todo ello sin perjuicio del devengamiento de intereses hasta el momento del efectivo pago (arg. art. 276 LCT);

ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia de Bs. As., art. 11, 15, 18 y 19 a contrario ley 24.557; S.R.T. Nros. 414/99 y 287/01 -art.6 ssgtes y ccdtes-; en la doctrina legal de la SCJBA y demás jurisprudencia de referencia supra)


A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Alejandro Augusto Lerena y Fernando Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


CUARTA CUESTION: ¿Corresponde imponer en la especie,el pago de Intereses Compensatorios? Y en su caso, desde cuándo y con qué tasa de interés?


A LA CUARTA CUESTION el sr. Juez dr. Ricardo Martín Scagliotti dijo: En atención a la singularísima casuística de autos, propuse debatir en el presente Acuerdo, la imposición de intereses compensatorios al capital objeto de reclamación;

Como punto de partida a mi propuesta digo que " …no debe confundirse el nacimiento del derecho con su declaración (administrativa o judicial). Confusión que ha sido develada, en términos muy claros y contundentes, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido precedente "Caja Nacional de Ahorro y Seguro en J: N° 17.830, Escudero, Adolfo c/Orandi y Massera S.A. por ordinario" (sent. del 28/5/91, Fallos: 314:481). En lo que aquí interesa, el alto Tribunal expresó que:" el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral, sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento. …” ( CNAT Sala IV, S.D. 93.539 del 25/08/2008 Expte. nro. 6.494/2006 " Ferraro Walter Pablo Esteban c/Luz ART S.A") .En otras palabras " ..La sentencia que viabilizó la pretensión del actor no es constitutiva, sino meramente declarativa de un derecho preexistente a percibir el resarcimiento que le corresponde…” (CNAT Sala II SD 96103 3/10/08 Expte n° 2877/07 "Gaza, Juan c/ Alas Porteñas SRL) /en el mismo sentido TT 3 MDP “Ferrer" expte. 10761 sent. del 31.3.09; "Durante" expte 13.948. Sent. del 29.12.09; "Calderon" expte. 13.992 sent. del 16.9.09, entre tantos otros).

Interpretación la que incluso “…guarda coherencia con lo normado por el art. 43 de la ley 24.557 el que establece que el derecho a percibir las prestaciones comienza a partir de la denuncia de los hechos causante de los daños derivados del trabajo…” (SCHICK “Temas Fundamentales” pag.507)

Si bien es cierto que durante los dos primeros años de reclamación, la Comisión Médica nro. 12 estableció que TUR no registraba incapacidad definitiva (ni al 3.8.05 ni al 30.8.06, como se desprendió del Veredicto) , también lo es que dicho pronunciamiento administrativo -lejos de ser definitivo o de resultar alcanzado por la cosa juzgada- fue modificado por la misma Comisión médica ,el pasado 24.5.11;

Y si la resolución final en torno a la incapacidad del actor -en este caso, de naturaleza administrativa por provenir de la Comisión médica local - es de carácter declarativo, lógico y justo resulta que TUR pretenda el cobro de los intereses anteriores a la fecha del desenlace administrativo final.

Es que Consolidar ART al igual que el actor, estaban sujetos a las resultas finales del reclamo, a las postre concluído SIETE AÑOS después del accidente de trabajo y en sentido favorable al actor; demora en la cual, el único que en modo alguno puede resultar perjudicado o empobrecido, es el damnificado trabajador.


La accionada como entidad comercial, tras las insistentes apelaciones del actor tanto en sede administrativa como judicial, debía preveer (arg. art. 902 CC) una potencial decisión contraria a sus intereses, no obstante lo cual, en el ejercicio de su libre albedrío, optó por replegarse y remitirse a las sucesivas decisiones de la comisión médica, bajo cuyo amparo aguardó su resultado final (acaecido recién el 24.5.11); no resultando serio siquiera pensar que el posterior reclamo del actor de intereses por esos SIETE AÑOS (17.5.04/24.5.11) de espera o demora en el trámite de su reclamación en la percepción de su indemnización por incapacidad, pueda resultar sorprendente, abusiva o injusta para la aseguradora. Apreciación o juicio de valor válidamente extensible a este sucedáneo proceso judicial, y a los mismos efectos. (en este sentido TT 3 MDP "Calderon" expte. 13.992 sent. del 16.9.09);

No debe soslayarse que a causa del mentado carácter declarativo de sentencias, inveteradamente se ha resuelto "... que en materia de accidentes, los intereses, a la par de las costas, son sólo un accesorio de la indemnización. " (CNAT Sala VI 28.11.75 T y SS 1976-230; ídem sala II 13.8.84 DL 1985-50, entre tantísimos otros).

Sobre este particular SHICK (“Temas Fundamentales…” pag. 508) sostiene en criterio que comparto, que “…el decreto 414/99 acarrea grave perjuicio a los damnificados, atento que se les niega los intereses compensatorios que se devengaron desde el hecho hasta el momento de declararse la incapacidad definitiva y permanente, cuando entre ambas fechas transcurre un plazo prolongado ..”

Tal el caso de autos, en el que -insisto- pasaron SIETE (7) AÑOS entre el accidente (17.5.04) y la declaración final de incapacidad (24.5.11);

Concluye SHICK diciendo que “… son por tanto los jueces los que deben analizar en cada caso concreto la aplicación de intereses compensatorios para evitar que los créditos de los damnificados se vean disminuídos en su valor real por la trampa legal de no computar intereses por los largos períodos que transcurren por ejemplo cuando se declara la incapacidad permanente definitiva …”

Por todo lo expuesto me pronunció sin hesitación en el sentido que le asiste razón y derecho al actor en su reclamo por el cobro de intereses desde el dia del accidente (como demandara TUR en autos)

Intereses cuya naturaleza será de índole compensatorio, entendido como aquel fruto civil del capital que corresponde entregar al acreedor en razón de no haber gozado durante algún tiempo de un valor que debía estar en su patrimonio y -justamente- para compensarlo, siendo el fundamento de su imposición el principio de reparación integral, y al que comprende la ganancia de que fue privado el damnificado en virtud de un acto resarcible (art. 1069, Cód. Civ y en sentido análogo SCJBA B. 51251 del 27.10.92) imposición de intereses compensatorios la que se realiza a fin sea resarcido TUR por la indisponibilidad oportuna de su indemnización por accidente de trabajo;

Imposición de intereses compensatorios los cuales -a falta de previsión legal en el régimen de la ley 24.557- efectúo conforme lo prescribe el art. 622 del Código Civil y su doctrina legal SCJBA 14.3.01 Ac. 67.529;

Intereses Compensatorios los que deberán ser calculados desde el siniestro (17.5.04) hasta la fecha en que se declarara la incapacidad definitiva del actor (24.5.11), (fecha establecida en la anterior cuestión como punto de partida de los Intereses Moratorios);

Y según la tasa pasiva que fije el Banco Pcia. Bs. As. para sus operaciones de descuento (cfme. art. 622 CC y su doctrina legal SCJBA “Ginossi” ) tal como -de hecho- lo requiriera el propio actor en su demanda autosatisfactiva;

Su cálculo =

Intereses sobre $ 404.033,54 período 17.5.04/24.5.11 a tasa pasiva Bco. Pcia = $ 143.926

Y todo ello sin perjuicio del devengamiento de intereses hasta el momento del efectivo pago (arg.art. 276 LCT);

ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia de Bs. As., art. 11 y 15, ley 24.557; art. 622 CC en la doctrina legal de la SCJBA y demás doctrina de referencia supra);


A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Alejandro Augusto Lerena y Fernando Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


QUINTA: ¿Qué resolución cabe adoptar respecto a las costas del presente proceso?


A LA QUINTA CUESTION el sr. Juez dr. Ricardo Martín Scagliotti dijo: Tal como me pronunciara recientemente in re “RIOS Lida Noemí c/ NACION AFJP SA s/Materia a categorizar” (expte nro. 17.394), y en consonancia con los clásicos criterios jurisprudenciales fijados en la materia, cabe decir que las costas integran la indemnización por accidentes del trabajo, por lo que deben ser soportadas ineludiblemente por el responsable de la reparación.

En consecuencia, en la medida que el trabajador debe recurrir al trámite judicial para la satisfacción de su crédito, (como sucedió en el sub.lite), no resulta lesivo para la accionada Consolidar ART SA la imposición de costas". (CNTrab., sala V, setiembre 10-985. - Ruiz, Ricardo c. Cosmos Cía. Argentina de Seguros) TSS, 1986-451); puesto en materia de accidentes de trabajo o enfermedades accidentes, los intereses al igual que las costas, son sólo un accesorio de la indemnización. (CSJN, del 4.7.84 “Juncos c. Oggero” TSS, 1985-596) puntualmente, integran la indemnización (CNTrab., sala V, marzo 28- 985.- Dias, Francisco A. c. Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S.A. - ELMA- TSS, 1985-985) y que proceder de otro modo se disminuye indirectamente el monto de la indemnización."(CNTrab., sala II, octubre 16-967. Ancarano, -Gregorio J. c. Cía. Arg. de Levaduras, S.A.) DT, 1967-666.

En consecuencia, las costas correspondientes a la representación letrada de la parte actora deben ser soportadas por la condenada al pago CONSOLIDAR ART SA, (arg. art. 68 CPC 19 y 22 ley 11653);

Máxime teniendo en cuenta que la parte actora ya comprometió -y de modo legítimo- parte de su indemnización a favor de su letrado en los términos del art. 277 LCT (ver pacto de cuota litis de fs. 22vta);

ASI LO VOTO (Art 168 y 171 de la Constitución de la Pcia de Bs. As., art. 11, 15 ley 24.557; S.R.T. Nros. 414/99 y 287/01 -art. 6 ssgtes y ccdtes-, art. 14, 17, 19 y 43 CN; en la doctrina legal de la SCJBA y demás jurisprudencia de referencia supra; art. 68 CPC y 19 y 22 ley 11653)


A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Alejandro Augusto Lerena y Fernando Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.


SEXTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?


A LA SEXTA CUESTION el sr. Juez dr. Ricardo Martín Scagliotti dijo:

Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales y citas jurisprudenciales allí referidos, propongo:
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