Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del cinco de marzo del dos mil siete, con asistencia inicial de los




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N° 06-2.007

Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del cinco de marzo del dos mil siete, con asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, Escoto, Aguirre, Villanueva, van der Laat, Vega, Ramírez, Chaves, Arroyo, Pereira, Chinchilla, Solano, Calzada, Armijo, y el Suplente Federico Sosto López, sustituyendo al Magistrado Vargas, quien se halla incapacitado.

ARTÍCULO I

Se aprobaron las actas de las sesiones celebradas el 5 y 12 de febrero pasado, números 04-07 y 05-07.

En lo que respecta a la primera de las citadas actas, se aprueba excepto el artículo III, a efecto de que el Magistrado Chaves analice lo ahí dispuesto y rinda el correspondiente informe en la próxima sesión.

El Magistrado Solano y el Suplente Sosto López, se abstuvieron de votar por no haber asistido a esas sesiones.

ARTÍCULO II

ENTRAN LA MAGISTRADA VARELA Y EL MAGISTRADO JINESTA.

El Tribunal de la Inspección Judicial, mediante resolución N° 12-07 de las 10,55 horas del 12 de enero del presente año, a tenor de lo que establece el párrafo primero del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso remitir a conocimiento de esta Corte el expediente número 06-000-726, que corresponde a la queja incoada por el señor Erick Alfaro Salinas, contra el licenciado Álvaro Oconitrillo Rivera, Juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias de La Unión.

Las diligencias se remitieron a estudio del Magistrado van der Laat, quien en oficio N° VAN-004-2007 de 15 de febrero último, rinde el correspondiente informe.

I.- ANTECEDENTES:


El 30 de agosto del 2006, el señor Erick Alfaro Salinas planteó una queja contra el juez Álvaro Oconitrillo Rivera, por considerar que este procedió de manera mal intencionada y parcializada en los procesos de pensión alimentaria tramitados bajo los números de expediente 05-700053-349-PA y 05-700243-349-PA. Según lo indicó, por su indebido proceder estuvo injustificadamente recluido en prisión durante doce días, por lo que pide que se le revoque el nombramiento y se trasladen los procesos al primer circuito judicial de San José. Sustenta su disconformidad en los siguientes hechos: a) indicó que se le había negado información telefónica, b) acusó retraso injustificado en la decisión de su caso, c) la desatención de sus escritos, debido a que no estaban autenticados, por lo cual no admitió un recurso de apelación e impidió que personas de su confianza pudieran tener acceso al expediente y d) ordenar un nuevo apremio corporal, que se ejecutó el mismo día en que cumplió seis meses de encarcelamiento por el incumplimiento del pago de la pensión alimentaria. Con base en esa queja, la Inspección Judicial, mediante resolución de las 15:30 horas del 11 de setiembre del 2006, confirió traslado de cargos, atribuyéndole las siguientes actuaciones: “1) Encontrándose el señor Alfaro Salinas detenido en el Centro de Atención Institucional La Reforma en la Unidad de Pensiones Alimentarias, el 7 de diciembre del 2005 presentó por medio de fax al Juzgado Contravencional de La Unión y sin autenticar por un abogado, recurso de apelación contra la pensión alimentaria provisional fijada en expediente 05-700243-349-PA, siendo que el 13 de diciembre siguiente, el demandado Alfaro Salinas remitió con un tercero el original de la apelación, así como una solicitud para que se autorice a las señoras Andrea Hidalgo Barrientos y Vivian Alfaro Salinas, tener acceso al expediente, en virtud de que él se encontraba privado de libertad; sin embargo, dichas gestiones no fueron resueltas por usted en virtud de que el documento no se encontraba autenticado por un abogado, y con ese fundamento procedió a agregar los escritos a sus antecedentes y rechazar las respectivas gestiones de autorización de acceso al expediente, produciéndose en consecuencia una lesión al acceso de la justicia, según se determinó en el voto número 1002-2006, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 18:47 horas del 31 de enero del 2006, expediente 06-000660-0007-CO, el cual fue declarado con lugar. 2) Encontrándose el señor Alfaro Salinas detenido en el Centro de Atención Institucional La Reforma en la Unidad de Pensiones Alimentarias, mediante resolución de las 8:00 horas del 25 de abril del 2006, dictada en expediente 05-700053-349-PA, usted rechazó dos pretensiones del demandado Alfaro Salinas para que le autorizara su salida del centro penal para revisar y fotocopiar el expediente, sin considerar algún otro modo de facilitarle al detenido el acceso a los legajos donde figura como deudor alimentario, como por ejemplo enviar una copia certificada del legajo; lo anterior, impidió al demandado Alfaro Salinas ejercer adecuadamente su derecho de defensa, según se determinó en el voto número 6715-2006 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 14:30 horas del 17 de mayo del 2006, expediente 06-004753-0007-CO, el cual fue declarado con lugar. 3) Por resoluciones de las 8:00 horas del 23 de mayo del 2006, usted dictó sendas órdenes de apremio corporal contra el demandado Alfaro Salinas, por adeudar en la causa número 05-700053-0349-PA, las sumas relativas a las cuotas de aguinaldo 2005 y los períodos del 10 de enero al 9 de junio del 2006, mientras que en la causa número 05-700243-349-PA, las que corresponden a los períodos del 22 de diciembre del 2005 al 2 de mayo del 2006 y aguinaldo 2005, por lo que el demandado Alfaro Salinas fue detenido nuevamente por la Policía de San Rafael en virtud de esas dos órdenes de apremio corporal dictadas por usted mediando error, por cuanto las decretó por los períodos en que el demandado se encontraba detenido en el Centro de Atención Institucional La Reforma en la Unidad de Pensiones Alimentarias desde el 25 de noviembre del 2005 hasta el 25 de mayo del 2006, en que fue puesto en libertad y detenido nuevamente, incumpliendo usted con el artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, el cual establece en su párrafo primero que el apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades y en su párrafo tercero la suspensión de la obligación alimentaria mientras dure la detención. Que por tales hechos, el demandado interpuso recurso de hábeas corpus, tramitado bajo el número 06-006139-0007-CO y declarado con lugar por resolución número 8010-2006 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 14:31 horas del 6 de junio del 2006…” El licenciado Oconitrillo Rivera refirió que en el expediente 05-700243-349-PA se admitió la apelación planteada por el quejoso y fue debidamente resuelta por el órgano superior en grado, razón por la cual no resultaba admisible la posterior apelación que planteó contra la misma resolución, mediante escrito sin autenticar. Por esta última razón es que tampoco se atendió el documento por el cual autorizaba a algunas personas a consultar el expediente, lo que resultaba ajustado a derecho. En cuanto a la solicitud hecha en el proceso tramitado bajo el número de expediente 05-700053-349-PA, para que se le autorizara a ser trasladado al juzgado para revisar el expediente, señaló que había consultado con el encargado del Centro Penal, quien le manifestó que únicamente se disponían salidas para audiencias u otras gestiones judiciales que necesariamente requirieran la presencia del apremiado, por lo que al estimar que la solicitud hecha no resultaba apropiada la denegó, sin que le hubieran pedido, de forma alterna, una copia certificada del expediente, por lo que no resolvió nada al respecto. Por último, negó que se haya dictado apremio por los períodos de pensión correspondientes al tiempo de la detención, sino que estaba referido a períodos nuevos. Señala que con base en el voto de la Sala Constitucional número 2003-9550, así se venía resolviendo y que en dicha sentencia se conoció un asunto igual al del quejoso. Con base en esos argumentos, pidió que se desestimara la queja planteada en contra suya. Por resolución de la Inspección Judicial, número 12-07, de las 10:55 horas del 12 de enero del 2007 se elevó este asunto a conocimiento de Corte Plena, con base en lo dispuesto en el numeral 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo regulado en el artículo 10 de las Reglas Prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria y el funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial, pues se estimó que de tenerse por demostradas las faltas estas se consideraban como errores graves e injustificados en la administración de justicia.


II.- SOBRE LOS HECHOS DEMOSTRADOS:


De conformidad con las pruebas que han sido aportadas y en lo que interesa, se tiene por acreditado lo siguiente: 1) En el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de La Unión, posteriormente Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica de La Unión, se tramitan dos procesos por pensión alimentaria en contra del señor Erick Alfaro Salinas, identificados con los números 05-700243-349-PA y 05-700053-349-PA. 2) En dichos procesos se dictó orden de apremio corporal contra el quejoso Alfaro Salinas, el cual se hizo efectivo el día 25 de noviembre de 2005, hasta por seis meses que vencían el 25 de mayo del 2006. 3) En el primer expediente citado, por resolución de las 15:00 horas del 22 de julio del 2005 se fijó una pensión provisional de ¢ 25.000,00 a cargo del quejoso y a favor de la señora Sandra Patricia Meléndez Murillo. 4) El señor Alfaro Salinas apeló dicha resolución. Tal recurso fue admitido por resolución de las 9:00 horas del 5 de setiembre del 2005, pero la fijación provisional fue confirmada por el órgano de alzada, mediante resolución de las 7:56 horas del 10 de octubre siguiente. 5) Por escrito fechado el 7 de diciembre del 2005, el quejoso planteó un nuevo recurso de apelación contra la resolución indicada. Su escrito no estaba autenticado y no fue presentado por él. 6) Por memorial de fecha 12 de diciembre del 2005, autorizó a las señoras Andrea Hidalgo Barrientos y Vivian Alfaro Salinas para que pudieran consultar y fotocopiar los expedientes que se tramitaban en ese despacho. El escrito por el cual hizo tal petición tampoco estaba autenticado. 7) Por resolución de las 9:00 horas del 16 de diciembre del 2005, en cuanto al recurso y la petición hecha, el Juzgado resolvió lo siguiente: “Agréguense a sus antecedentes las anteriores manifestaciones, no ha lugar la autorización para que las señoras Hidalgo Barrientos y Alfaro Salinas, pueden realizar los trámites solicitados por el demandado… ya que dicho escrito no está debidamente autenticado…” 8) Lo anterior generó que el quejoso planteara un recurso de habeas corpus, que concluyó con la resolución número 1002-2006, de las 18:47 horas del 31 de enero del 2006, el cual fue declarado con lugar al estimarse que lo resuelto había lesionado el derecho de acceso a la justicia que el recurrente tenía, pues debió valorarse su estado de desventaja, en el tanto en que estaba detenido. Por consiguiente, se ordenó dar trámite a las gestiones interpuestas. 9) Mediante resolución de las 8:00 horas del 23 de mayo del 2006 se ordenó apremio corporal contra el quejoso, por las cuotas adeudadas del 22 de diciembre del 2005 al 2 de mayo del 2006 y aguinaldo del 2005, dentro del expediente 05-700243-349-PA. 10) Por resolución de las 9:00 horas del 21 de noviembre del 2005, se ordenó el apremio, por los períodos comprendidos entre el 10 de agosto y el 9 de diciembre del 2005, en el proceso tramitado bajo el número de expediente 05-700053-349-PA. 11) Mediante escrito fechado el 18 de abril del 2006, el quejoso solicitó su traslado al despacho para poder consultar los expedientes que se tramitaban en su contra y así adoptar las medidas que estimara pertinentes para el momento en que concluyera su apremio corporal. 12) Por resolución de las 8:00 horas del 25 de abril del 2006 se denegó dicha solicitud en los siguientes términos: “No ha lugar la solicitud de trasladar al demandado Alfaro Salinas de la Sección de Pensiones de La Reforma donde se encuentra detenido por deuda alimentaria al despacho para revisar los expedientes donde él es parte, esto por ser improcedente, ya que en conversación con el Licenciado Wilman Pérez Montero Director de dicha sección, el dieciocho de abril del dos mil seis al ser las quince horas cincuenta minutos, nos manifestó que dichos traslados se realizan o autorizan solamente cuando existan audiencias o juicios donde requiera la presencia del detenido, existiendo en este caso de marras la posibilidad del demandado de autorizar a otra persona que se apersone al despacho a revisar y fotocopiar los correspondientes procesos.” 13) La situación descrita generó un nuevo recurso de hábeas corpus que concluyó con la sentencia 2006-6715, de las 14:30 horas del 17 de mayo del 2006, al considerarse que aunque la petición de ser trasladado al despacho para consultar los expedientes podía ser denegada, no podía denegársele el acceso a la justicia, por lo que el juzgador debió procurar un medio que permitiera al quejoso satisfacer su derecho de defensa, como por ejemplo remitirle una copia certificada de los expedientes o advertirle sobre la posibilidad de contar con el apoyo de los asistentes jurídicos de la Dirección General de Adaptación Social. 14) Por resolución de las 8:00 horas del 23 de mayo del 2006, se ordenó apremio corporal contra el señor Alfaro Salinas, en el expediente número 05-700053-349-PA, por las cuotas de aguinaldo del 2005, del 10 de enero al 9 de abril del 2006 y del 10 de abril al 9 de junio del 2006. 15) El 25 de mayo del 2006, cuando se vencía el período de seis meses del apremio corporal sufrido por el quejoso, se le puso en libertad, pero nuevamente y de inmediato fue detenido, con base en las órdenes de apremio antes indicadas. 16) Lo anterior generó que el señor Alfaro Salinas planteara otro recurso de hábeas corpus, que también fue declarado con lugar, mediante resolución 2006-8010, de las 14:31 horas del 6 de junio del 2006, al concluirse que resultaba improcedente la orden de apremio corporal dispuesta con base en las cuotas correspondientes a los períodos en que permaneció detenido por otras órdenes de apremio, pues por lo dispuesto en el numeral 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias, la obligación se suspendía durante ese período. Se invocó, como antecedente, la sentencia 2004-2769 y se ordenó la libertad inmediata del quejoso.

III.- VALORACIÓN DE LAS FALTAS ATRIBUIDAS AL LICENCIADO OCONITRILLO RIVERA:


De conformidad con los hechos tenidos por demostrados, se concluye que los hechos que le fueron atribuidas al juez Oconitrillo Rivera efectivamente sucedieron. Ahora bien, a juicio del informante, las relacionadas con la solicitud del quejoso para ser trasladado a consultar el expediente y la de agregar “a sus antecedentes” el recurso de apelación y la petición de que otras personas pudieran consultar el expediente no pueden considerarse errores graves e injustificados en los términos del numeral 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, porque la resolución relacionada con la negativa de aprobar el traslado se encuentra debidamente razonada y porque se trataba de una medida atípica, no regulada por el texto expreso de la ley. No puede considerarse como grave la omisión del juzgador de idear una medida diferente a la pedida por el demandado en aquellos procesos, aunque tal proceder sí se considere deseable en una persona que administra justicia. Lo mismo sucede en relación con la solicitud que le fuere planteada para que otras personas consultaran el expediente. En este supuesto, el juzgador tampoco ideó la forma de dar validez al escrito del demandado, presentado sin autenticar, pero no pueden ligársele a tal proceder características de gravedad, pues en principio procedió como correspondía conforme a Derecho. Luego, en cuanto a la apelación planteada, cabe indicar que tal y como lo sostiene el licenciado Oconitrillo Rivera, este recurso no resultaba procedente, pues con anterioridad se había planteado y había sido debidamente resuelto por el órgano de alzada y, a ese tenor, no se le causó indefensión al demandado. Lo relacionado con las órdenes de apremio corporal en perjuicio de este último, por las cuotas alimentarias no pagadas durante los meses en que sufrió arresto por la deuda alimentaria sí se considera una falta grave en los términos del artículo 199 relacionado, por cuanto el quejoso tuvo que permanecer varios días en prisión de forma injustificada. El artículo 25 de la Ley de Pensiones Alimentarias es claro al señalar que “El apremio no podrá mantenerse por más de seis meses… [y que] …Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención…” El apremio, en este caso, se dispuso nuevamente por cuotas alimentarias correspondientes al período en que el quejoso guardó apremio corporal, es decir, mientras la obligación estaba suspendida. La sentencia 9590, de las 12:45 horas del 5 de setiembre del 2003 dictada por la Sala Constitucional y que el licenciado Oconitrillo Rivera invoca para justificar su proceder no se ajusta a la situación fáctica que se dio en este caso, pues en aquél el apremio se dispuso por nuevas cuotas alimentarias adeudadas y no por las no cubiertas durante el período del apremio. Además, en el voto 8010-2006, la Sala invocó un antecedente del 2004, en claro sentido contrario. Asimismo, la declaración de la señora Cristina Carballo Solano tampoco puede servir para eximir al juez Oconitrillo Rivera de corrección disciplinaria, por las graves consecuencias que su proceder acarreó al señor Alfaro Salinas. No obstante, tal yerro no puede considerarse suficiente como para disponer la separación del servidor, sino una sanción menor, recomendándose una de ocho días de suspensión sin goce de salario.”

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