¿Se demostró que Juan Antonio Riquelme haya mantenido en vida con las reclamantes de autos Alicia Audolina aranda y Mariana Hortensia riquelme, la relación o vínculo de parentezco invocado en la demanda? Segunda




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Fernando Novoa Ricardo M. Scagliotti Alejandro A. Lerena

Presidente Juez Juez


Carlos Daniel Cusán

Auxiliar letrado


En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 días de agosto de dos mil once, se constituye el Tribunal del Trabajo Nº 3 en Acuerdo Ordinario, a fín de dictar SENTENCIA en los autos caratulados: “ARANDA Alicia y otro c. ARMANASCO Claudio F s. Accidente de Trabajo” (expte nro. 15.988). A N T E C E D E N T E S

A fs.19/43 se presenta el dr. Cristian M. Pelaez (con el patrocinio letrado del dr. Cristian C. Castañer) esgrimiendo mandato otorgado a su favor a fs. 2/7 por ALICIA AUDOLINA ARANDA Y MARIANA HORTENSIA RIQUELME entablando en su nombre demanda laboral contra Claudio F. Armanasco por el cobro de $200.632,6(según liquidación de fs.25vta/26vta), que la presente acción es derivada del accidente de trabajo en el que falleciera Juan Antonio Riquelme; aseverando allí la actora que este Tribunal es competente para entender en su reclamo, que las normas mencionadas a fs. 20 ap.II) son inconstitucionales; que la legitimación activa de la actora proviene de los arts. 18 ap.2 ley 24.557 y arts. 53 y 98 de la ley 24.241; que Aranda resultó pública conviviente del fallecido Riquelme por más de veinte años, que tuvo descendencia con aquel; en tanto que la restante co-actora Mariana H. Riquelme resulta ser hija del fallecido; que concurren en el órden y por el porcentaje establecido por el art. 98 de la ley 24.241; que el malogrado Riquelme trabajó, en forma permanente y exclusiva a órdenes dependientes del demandado arquitecto Armanasco desde agosto de 2003; por tiempo indeterminado, según categoría profesional de albañil; que trabajaba de 8 a 18 de lunes a sábados; que por sus labores Riquelme percibió $ 80 diarios o $ 2000 por mes; que resulta de aplicación el CCT. 76/75; que en fecha 15.3.07 Juan A. Riquelme, su hijo y tres operarios más comenzaron a realizar la remodelación del interior de un inmueble sito en Avda. Colon 4501 esq. Misiones; que el proyecto y dirección de obra estuvo a cargo del demandado, que a su vez era empleador de los trabajadores; que el 18.4.07 se produjo el derrumbre de la construcción de mención, por culpa del demandado, produciendo el fallecimiento de Juan Riquelme; indica a fs.24Vta la existencia de una I.P.P. Caratulada “Armanasco Claudio s/Homicidio Culposo”; que el demandado quedó detenido por el hecho; que en sede penal se estableció que el derrumbe en la obra obedeció a la culpa negligencia e impericia del demandado en su carácter de director de obra; que mediaron advertencias de los operarios, decidióse retirar las paredes internas de la planta baja y ampliar las aberturas; que la obra colapsó debido al debilitamiento general de la estructura en la realización de las tareas de remodelación; que demanda por el pago de $ 50 mil en concepto de compensación dineraria adicional de pago único (art. 11.4 ley 24.557); que demanda el pago de $149.782 con sustento en el art. 15.2 ley 24.557, pero en forma directa y en un único pago y no en forma periódica o como renta, cálculo al que se arriba considerando la edad de la víctima al momento del accidente fatal (46 años) y su remuneración ( $ 2 mil) (fs.26); demanda el reintegro de los gastos funerarios según art. 20.1.E ley 24.557 por $850; planteó a fs. 26vta/36vta la inconstitucionalidad de la modalidad establecida por ley para el pago de la ind. por muerte; agregó prueba documental a fs.10/17, ofreció la restante, prestó juramento Art. 39 ley 11.653 a fs.38vta pto X; demandó por la inconstitucionalidad del art. 4 ley 25.561 y de toda norma que prohiba la indexación de créditos laborales, y solicitó se haga lugar a la demanda con intereses y costas. A fs. 55/58 el actor amplió demanda.

A fs.85/95 contesta la demanda CLAUDIO FABIAN ARMANASCO con el patrocinio letrado de la dra. Nancy M. Gonzalez, negó el carácter de concubina de la co-actora Aranda, vínculo el que no luce acreditado en autos; del mismo modo negóse el carácter o status familiar de hija correspondiente a Mariana Riquelme, refiriendo que en el traslado de la demanda no se agregó el certificado de nacimiento; negó a fs. 88 que el fallecido Riquelme haya trabajado bajo sus órdenes dependienes, refirió el demandado ser arquitecto, que siempre se desempeñó como proyectista y director de obras; que jamás tuvo empleado a sus órdenes; que las órdenes e instrucciones impartidas fueron en aquel carácter; lo que no implica que los obreros oportunamente contratados lo fueran bajo órdenes o relación de dependencia del accionado; que siempre se desempeñó el demandado como proyectista y director de obra, quedando a exclusivo cargo del comitente la contratación de la mano de obra y la compra de los materiales; que se realiza la contratación formal de sus servicios, a través de la rúbrica pertinente ante el colegio profesional, que Riquelme efectivamente falleció en la obra; que la propietaria de la misma es Elina Florentina Muñoz, y quién contrato al demandado para proyectar y llevar adelante la dirección de obra de remodelación, que se pactó la contratación fueron contratos separados, que el profesional estuvo a cargo de la construcción, que tendrá a su cargo el contralor de los materiales y la mano de obra; corriendo por cuenta y cargo del comitente la contratación de la mano de obra de la construcción ; como así también de los gremios que tendrán intervención en la misma; siendo responsabilidad del comitente el cumplimiento de las obligaciones laborales deslogando al arquitecto de toda responsabilidad; que entonces quién tendría carácter de empleador del fallecido Riquelme, era el comitente de la obra Elina Muñoz sustentando de esta manera la excepción planteada de falta de legitimación pasiva (fs. 88 pto II.B); seguidamente negó haber sido empleador del fallecido Riquelme, negó todas y cada una de las condiciones de labor arrogadas por los derechos habientes; admitióse a fs. 89Vta/90 que Riquelme Juan A, falleció el 18.4.07 en el derrumbre producido en el local de calle Colón y Misiones, en momentos en que se encontraba laborando, y se reconoce que el accionado realizaba en dicha obra proyecto y dirección de la misma; refiere que en fecha 7.3.07 el demandado fué contratado por Muñoz; para realizar un proyecto de reforma de dicho local y para dirigir la obra; que Muñoz resultó la comitente de dicha obra; que a mediados de marzo 2007 comienza el malogado Riquelme a trabajar en dicha obra, que el mismo fué contratado por la comitente Muñoz como albañil, que Riquelme trajo a su propia gente a laborar; que el 18.4.07 se colapsa la obra causandole la muerte a Juan Riquelme; que el derrumbre acaeció por múltiples factores ventilados en las causas civiles, puntualmente vicios ocultos que la construcción tenía; que conocedor de su responsabilidades civiles como profesional, el demandado contrató seguros por accidentes personales y de responsabilidad civil, que se contrató un seguro de accidentes personales; que ante el fatidico suceso se le inició al demandado una causa penal por homicidio culposo; que procedió a indemnizar civilmente a los herederos del fallecido operario, cediendo la póliza a través del pertinente convenio indemnizatorio; aclara que el seguro fue contratado en resguardo de su respopnsabilidad civil frente a los operarios (fs. 92); agregó prueba documental a fs. 62/84 y ofrece prueba la restante, y peticiona sea rechazada la demanda con costas.

La ocasión brindada por el art. 29 de la ley 11.653 fue útil para que el demandante -sin desconocer la documental arrimada en el responde- perseverara en sus pretensiones -fs.97/100vta-, accediendo entonces el expediente en su capítulo instructorio -fs.101/102-.

A fs.106 se fijó audiencia de vista de causa.

A fs.119/128 produjo su informe la UOCRA; a fs.129/131 hizo lo propio Correo Andreani; a fs.136 y 147/154 contestó oficio el Colegio de Arquitectos de la Pcia.de Bs.As. (del MDP); a fs.142/143 hizo lo propio la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; a fs.144 produjo su informe MAPFRE ; a fs.156/157 produjo su informe la funeraria El Cielo Azul.

A fs.158/227 la parte actora agrega copias simples de la IPP. 229.072 caratulada “ARMANASCO s/ Homicidio Culposo” .

A fs.232 obra acta de audiencia, ocasión en la que se deja constancia la asistencia de la parte actora junto con sus respectivos abogados; que por el demandado se presento el dr. Suhit como gestor procesal; que se le confirió a las partes vista de los documentos traídos a fs. 158/227, siendo consentidos por las mismas; que declararon como testigos los sres. Arriola; Antuña; Zamorano; Cannizzaro; Juarez; D´Apolonnio, seguidamente se dió por desistida a las partes de la prueba pendiente de producción, solicitando actor y demandado alegar por escrito, tras lo cual se clausuró la vista de causa.

A fs.236 Armanasco ratificó en su gestión al dr. Suhit.

A fs.238/249 obra alegato de la parte actora; a fs.250/258vta alegó la demandada.

A fs. 266 ordenóse desglose de documentación.

A fs.269 se ordenó el pase de los autos al Acuerdo.

A fs.270/270vta el Tribunal dictó medida de mejor proveer, resolución recurrida a fs. 275/275 más confirmada a fs. 276.

A fs.284/290 obra oficio contestado por el Colegio de Arquitectos local; a fs.293/294 hizo lo propio MAPFRE Argentina ART SA.

A fs.302 se decretó la nulidad de la audiencia de vista de causa realizada a fs. 232/233, oportunidad en la que se fijó una nueva.

A fs.309/309vta se dejó constancia que las partes solicitaron la suspensión de la vista de causa, fijándose una nueva.

A fs.317/318 obra oficio contestado por el Registro de las Personas de la Pcia. De Entre Ríos; a fs.337/341 contestó oficio el Colegio de Arquitectos local; a fs.348/442 hizo lo propio MAPFRE Argentina Seguros SA (oficio reservado en Secretaría).

A fs.350/350vta se dejó constancia que a la audiencia de vista de causa acudieron las partes asistidos por sus letrados, formularon de consuno aclaración en torno al cobro del seguro Mapfre, que absolvió posiciones el demandado; que declararon como testigos los sres. Juarez; Appolonio; Arriola y Antuña; seguidamente pactaron las partes alegar por escrito, dentro del plazo común de los cinco días, tras lo cual se clausuró la vista de causa.


A fs. 352/361vta obra el alegato de la demandada; a fs. 362/372vta hizo lo propio la actora; se ordenó el pase de los autos al Acuerdo, se practicó el sorteo de rigor y se dictó oportuno Veredicto.

A continuación los sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes: CUESTIONES

PRIMERA: ¿Es procedente la demanda de autos?

SEGUNDA: ¿Es admisible el planteo de Inconstitucionalidad deducido a fs. 26vta pto.VIII?

TERCERA ¿Corresponde imponer Intereses al sub.lite? y en su caso, cuáles , cómo y desde cuándo?

CUARTA: ¿Es de recibo el planteo articulado a fs. 38vta pto.XI)

QUINTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION

PRIMERA: ¿ Es procedente la demanda de autos?

A LA PRIMERA CUESTION el sr. Juez dr. Scagliotti dijo:

A la hora de pronunciarme sobre este particular, tuve debidamente presente que la acción luce enderezada al cobro de las ind. tarifarias previstas en la ley 24.557, sin más.

Fijado en el fallo de los hechos: a) Alicia Audolina ARANDA y Mariana Hortensia RIQUELME resultan ser derecho habientes de quien en vida fuera Juan antonio Riquelme; b) que JUAN ANTONIO RIQUELME trabajó a órdenes de Claudio F. Armanasco fuera de toda registración laboral como oficial Albañil y bajo una remuneración mensual estimada en $1.920; c) que en fecha 18.4.07 Riquelme sufrió un accidente de trabajo mortal; d) que el empleador Armanasco omitió contratar seguro ley 24.557; e) Que a posteriori del accidente, los derechohabientes del fallecido Riquelme sólo percibieron de Armanasco la suma de $ 60 mil a través de la aseguradora contratada por éste contra daños personales; f) en tanto que debieron afrontar de su propio peculio los gastos funerarios de causante; en vista de todo lo cual -concluyo- la demanda habrá de ser de recibo, puesto que “…El trabajador no registrado es un trabajador no asegurado y por ende la empleadora debe responder directamente por las prestaciones de la ley. La situación no se diferencia porque el trabajador se encuentre parcialmente registrado, ni porque la demandada haya contratado una ART o esté autoasegurada, aún cuando la norma aplicada se refiera a la omisión de afiliación, porque la remuneración consignada en los recibos de sueldo es lo que condiciona la determinación de las prestaciones a cargo de la ART y su resarcimiento. Es el empleador el que cometió un fraude a las leyes laborales y debe hacerse cargo de las prestaciones omitidas y su conducta omisiva resulta análoga a la ausencia de seguro…..” (JNT N°41 Expte n° 10014/03 sent. 9389 23/9/05 “Benegas Florenciañez, Benjamín c/Italbuilding SA y otro s/ diferencias de salarios” ) .

Demanda de autos la que prosperará, más acotada a los siguientes y parciales alcances :

A) Las actoras/derechohabientes de Juan A. Riquelme devengaron :

1) Ind.art. 11. 4. B) ley 24.557 = $ 50.000

2) Ind.art. 15 ap. 2do ley 24557 = 53 x1.920 x (65:46) = 101.760 x 1,4130434 = $143.791

3) A todo lo cual cabe computar el reintegro de gastos funerarios, hasta la suma de $ 850 (cfme. Cuestión 4ta. Del Veredicto) con fundamento en el art 20.1. E ley 24.557.

Puesto que “ El servicio funerario el trabajador fallecido está incluido dentro de las prestaciones en especie a cargo de la ART (art. 20, 1 inc. e), por lo que, en el caso, corresponde se le reintegre a los padres del trabajador fallecido, quienes se hicieron cargo de tales gastos, que, en el caso específico…”(CNAT Sala I Expte n° 8540/02 sent. 83302 15/12/05 “Graziano, Antonio y otro c/ Trilenium SA y otro s/ accidente”) ;idem Sala X Expte n° 15057/98 sent. 8727 29/9/00 “Miranda, Walter c/ Relañez de Cardalda, María y otro s/ despido”).

Sub.total = $ 194.641

B) A dicho total devengado corresponde naturalmente restarle los $ 60.000 percibidos por Alicia Audolina ARANDA y Mariana Hortensia RIQUELME de manos de la aseguradora Mapfre Argentina SA contratada por el demandado.

C) Saldo adeudado a la actora y por el cual progresará la demanda = A – B = 194.641 – 60.000 = $ 134.641;

No obsta mi propuesta lo alegado por el accionado a fs.361 pto.6) por cuanto que :” La manifestación del trabajador de que una vez percibida la suma acordada “nada más tendrá que reclamar…a ninguna otra persona física o jurídica por el hecho de autos” no puede interpretarse como una renuncia a reclamar las prestaciones de la L.R.T. a quien resulte responsable en los términos de esa ley, pues ello importaría una abdicación de derechos que se encuentra vedada por el art. 12 de la L.C.T., al no existir una homologación con los requisitos a los que hace referencia el art. 15 del mismo cuerpo legal, es decir “una resolución fundada que acredite que se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes”. (CNAT Sala IV, S.D. 94.213 del 31/07/2009 Expte. N° 20.425/2006 “Rodríguez Alberto Aníbal c/Fluck Jorge Eduardo y otro s/accidente-acción civil”.

En sentido análogo a esta misma línea de pensamiento anoto: “ …de concretarse los presupuestos de responsabilidad civil respecto de la empleadora y de resultar condenada, las sumas percibidas por el actor en el acuerdo con la ART, deben ser tenidas en cuenta al momento de realizarse la cuantificación de las partidas imputadas a los daños que se resarzan….” (CNAT Sala VIII Expte n° 26523/08 S.D. 31397 del 13/11/09 « Basilio, José c/ Birdgentone Firestone de Argentina SAIC y otro s/ accidente acción civil”

Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Provincial y arts. 44 inc. e), 47 segunda parte y ccds. Ley 11653 arts. 11, 14, 20 y 15 LEY 24.557).

A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces Dres. Lerena y Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual snetido.-

SEGUNDA: ¿ Es admisible el planteo de Inconstitucionalidad deducido a fs. 26vta pto.VIII?

A LA SEGUNDA CUESTION el sr. Juez Scagliotti dijo:

Voto por la afirmativa, por considerar que el sistema de pago en renta -aplicado al caso- resulta violatorio al derecho de propiedad de los derechohabientes del damnificado, al par de representar trato discriminatorio a su respecto (arg.art. 16 y 17 CN).

Y para ello habré de remitirme - brevitatis causa - a los fundamentos vertidos por la CSJN en los casos “Milone” del 26.10.04; “Suarez Guimbard” del 24.6.08 y “Arostegui” del 8.4.08 ,ya aplicados por este Tribunal de Trabajo a la hora de sentenciar in re “Arendt” (expte. 12776), “RUGGERI” (expte nro. 18.073) y “La Segunda ART SA/Dabrowski s/Consignación” , ello en consonancia con la doctrina legal de la SCJBA sentada en L. 82.724 del 7.3.07; ocasiones en que fuera fulminada la constitucionalidad del art. 15 ley 24.557, por razones que considero válida y analógicamente aplicables para el sistema de pago en renta previsto en el sistema de la ley 24.557.

Así, suscribo a la jurisprudencia que edicta: “Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 15 apartado 2, segundo párrafo de la ley 24.557 ante el caso del fallecimiento del trabajador y el consiguiente reclamo indemnizatorio de su cónyuge a la A.R.T., en razón de que se mantiene inconmovible el argumento central del precedente de la C.S.J.N. “Milone”: el sistema de pago de una renta periódica no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo proyecto de vida, violentándose así los principios emanados de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional…” .(CNAT Sala IV, S.D. 93.146 del 28/03/2008 Expte. N° 21.147/2006 “Pages, Beatriz Eloisa c/CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/juicio sumarísimo”.idem JNT N° 33 Expte n° 4235/06 sent. 11939 29/9/06 “Suárez, Gladys por sí y en rep. De sus hijos menores c/ Orígenes AFJP sa s/ sumarísimo” (Dra. Iriart de Bellicchi).; y en el mismo sentido desde la doctrina cito la opinión de Horacio Shick (publicada en Revista LL. del 5.5.08 retranscripta en “Ley de Riesgos de Trabajo” de Alvarez Chavez, ed. Garcia Alonso, pag.1 epigraf.40) .

ASI LO VOTO (Art. 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. De BsAs.; Arg.art. Art. 5 ; 14bis , 16, 17, 18, 19 , 108 ; 123 , 127 C.N. ; art.14 y 15 Ley 24557 , art. 47 ley 11653 y 163 CPC, y jurisprudencia y doctrina legal SCBA de mención supra).

A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces Dres. Lerena y Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.-

TERCERA: ¿Corresponde imponer el pago de Intereses al sub.lite? y en su caso, cuáles, cómo y desde cuándo?

A LA TERCERA CUESTION el sr. Juez Scagliotti dijo:

Al capital resarcitorio previsto y derivado del régimen de la ley 24.557 (cuyo saldo o diferencia se estimara supra en $134.641), corresponde aplicar los intereses moratorios previstos y derivados del régimen de la ley 24.557 (intereses por cierto, reclamados a fs. 43 pto. IX,); los que deberán ser calculados según la tasa activa que fije el Banco de la Nación Argentina, conforme lo dispuesto por la resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) Nros, 414/99 y 287/01, resultando inequívoca la intención del legislador en el sentido que el damnificado/ACREEDOR de una indemnización por un accidente de trabajo, perciba los importes derivados de ley 24.557 según la tasa de mención supra (en este sentido T. T. 3 MDP "Ferrer"; "Calderón/Consolidar"; y "Durante/Recalbplast"; "Arendt/Asociación"; “Ruggeri/Consolidar”; “Perez Spangenberg/Pcia ART SA”; “Sabatini Aller c/La Caja ART SA” entre otros y recientemente SCJBA L. 102.096 del 22.12.10).

Transitivamente con lo resuelto en la primera cuestión de esta sentencia, el punto de partida para el cálculo de los intereses habrá de coincidir con el momento en que el capital en cuestiòn se hizo exigible para la actora, en consecuencia y ante su falta de pago por la obligada, corresponde imponer el pago de los intereses a la demandada, los que correrán desde el momento de producirse el evento dañoso, vale decir en el caso, desde el momento del accidente que costó la vida al trabajador = 18.4.07 (Cámara Civil, en pleno en “Gómez c/ Empresa Nacional de Transportes” del 16/12/58 y CNAT Sala VII, S.D. 39.976 del 26/03/2007 Expte. Nº 25.178/05 “Dalia Libera “).


Luego, de conformidad con lo previsto en el art. 777 del Código Civil corresponde imputar el importe puesto a disposición por Armanasco a fs.76/80 y por $ 60.000 el pasado 9.5.07 -primero- a intereses y luego al capital (CNAT Sala IV, S.D. 93.539 del 25/08/2008 Expte. nro. 6.494/2006 “ Ferraro” y TT3 MDP “JUAN” expte nro. 13.902 y “Sabatini Aller “ expte. 20.101) saldo el que seguirá devengando intereses desde el 9.5.07 hasta la fecha en que estos actuados pasaron al Acuerdo (4.7.11 según fs. 350/250vta) y sin perjuicio de un nuevo devengamiento de intereses hasta la fecha de su efectivo pago (Arg.art. 276 LCT).

Su cálculo =

a) 194.641 - (60.000 - 2.112 ) (donde: $2.112 corresponden a intereses TABN período 18.4.07 al 9.5.07 sobre $ 194.641) =

= 194.641 – (60.000 – 2.112 ) = 194.641 – 57.888 = $ 136.753

b) Intereses TABN s/ saldo de $136.753 período 9.5.07/4.7.11 = $ 107.184

total Intereses = $107.185.

ASI LO VOTO (art. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 7, 9, 14 inciso 2, ssgtes y ccdtes ley 24.557 S.R.T. nros. 414/99 y 287/01 y doctrina legal SCBA de mención supra).  

A LA MISMA CUESTION los sres. Jueces dres. Lerena y Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentado.-

CUARTA:¿Es de recibo el planteo articulado a fs.38vta pto. XI) ?

A LA CUARTA CUESTION el sr. Juez Scagliotti dijo:

El planteo actoral de fs. 38vta y ssgtes consistente en la declaración de inconstitucionalidad de las diferentes normas que prohíben la Indexación de créditos, ya ha sido resuelto -y en rechazo- por el Máximo Tribunal Provincial in re " FABIANO Julio c. Pcia. de Bs. As." del 2.10.02 , B. 49.193 bis:

"...5. Que la pretensión de la accionante de que la suma establecida en la liquidación se actualice hasta la fecha del efectivo pago no puede ser acogida en tanto, no obstante las sustanciales modificaciones operadas recientemente en los regímenes financiero y cambiario, se ha decidido ratificar expresamente el principio nominalista consagrado en 1.991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria.

Así, la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del artículo 7º de ésta, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y, además, ratificó la derogación dispuesta por su artículo 10, con efecto a partir del 1º de abril de 1.991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.

Aún cuando es de público y notorio que en el transcurso del corriente año se ha producido una acentuada depreciación de nuestra moneda, entiende este Tribunal que el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el accionante, además de ser contraria a las normas referenciadas en el párrafo anterior -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso...".

A mayor abundamiento, la misma SCJBA ratificó la prohibición de indexar en los autos L. 89.589, "Vera, Guillermo Alejandro contra Municipalidad de Morón s. Incidente" del 19.7.06:
"Que los conceptos allí vertidos mantienen hoy su plena vigencia, más si tenemos en cuenta que la situación actual del país es sensiblemente más estable que la que se presentaba en el momento que se pronunció este Tribunal en la mencionada causa.

En este sentido, y como lo señala el Presidente de la SCBA, Dr. Roncoroni, con motivo de su voto en la causa de referencia, cabe citar la jurisprudencia de la CSJN causa C. 1051, XL, "Chiara Díaz, Carlos Alberto c/Estado provincial", sent. del 7-II-2006, (considerandos 10 y 11 del voto de los doctores Petrachi y Maqueda; considerando 8º, párr. tercero del voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 15 del voto del doctor Fayt) ocasión en que se ha ratificado esos principios, declarando que la prohibición genérica de la "indexación" constituye una medida de política económica cuyo acierto no compete evaluar a dicho Tribunal afirmando a su vez la finalidad antiinflacionaria que la ley 25.561 -como su similar anterior 23.982- se proponen alcanzar."

Criterio mantenido luego in re L 90095 del 27-3-2008 : "El Máximo Tribunal de la Nación, ya dentro del esquema económico vigente desde la sanción de la ley 25.561, ha ratificado ese entendimiento relativo a que la prohibición genérica de la "indexación" constituye una medida política económica cuyo acierto no compete a la Corte evaluar, afirmando a su vez la finalidad antinflacionaria que la mencionada ley 25.561 y su anterior 23.928 se proponen alcanzar."

Sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión en contrario a la apuntada doctrina legal, debo acatar la misma, y disponer en consecuencia, el rechazo al planteo de inconstitucionalidad a la prohibición de indexar art. 4 ley 25.561 obrante en la demanda (art. 499 CC).

Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO (arts. 168, 171 y ccds. Constitución Provincial y arts. 44 inc. e), 47 segunda parte y ccds. Ley 11653 y ley 25.561 y SCJBA "Fabiano" ).

A LA MISMA CUESTIÓN los sres. Jueces Dres. Lerena y Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.

QUINTA:¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA QUINTA CUESTION el sr. Juez dr. Scagliotti dijo:

Atento el resultado de la votación habida precedentemente y por los fundamentos legales allí referidos, corresponde: 1) Rechazar la excepción de falta de legitimación activa deducida en el responde y en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por las actoras ALICIA AUDOLINA ARANDA y MARIANA HORTENCIA RIQUELME, condenando a CLAUDIO FABIAN ARMANASCO, a pagarle a las actoras la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO ($134.641), en cuanto se procuró el cobro de las indemnizaciones previstas en los arts. 11 , 15 y 20 ley 24.557.-

2) Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 15 ley 24557.

3) Los intereses son calculados aplicándose la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina, (conforme lo dispuesto por las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) Neros 414/99 y 287/01, cálculado desde el 09/05/2077 hasta el 04/07/2011 y sin perjuicio de su oportuno cálculo hasta el momento de su efectivo pago.- Así efectuado el cálculo, la suma asciende a PESOS CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($107.184), totalizando la demanda en concepto de capital más intereses la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 241.826) sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al día 04/07/2011 y hasta el momento de su efectivo pago.-

Imponer las costas a la demandada (Arts. 19, 63 y concds. Ley 11.653 y art. 68, 94 y concds. CPCCBA).-

4) La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del Tribunal y cuenta de autos.-

5) Considero justo regular los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora Dres. CRISTIAN MARCELO PELAEZ y CHRISTIAN CESAR CASTAÑER, en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS para cada uno, los de los letrados patrocinantes de la parte demandada Dres. NANCY M. GONZALEZ y ALEJANDRO J. SUHIT, en la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE respectivamente, por sus labores desarrolladas conf. arts. 14, 21, 22, 23, 28 inc. f, 43, 51, 54 y concds. Ley 8904, a los que se adicionará el porcentaje del art. 14 Ley 6716 mod. por Ley 8455, regulaciones que surgen haber tomado como base regulatoria el capital más los intereses de sentencia que ascendió a $241.826.-

6) Rechazar el planteo formulado por la parte actora a fs. 38 vta pto.XI).-

Con el sentido y alcance expuestos más arriba, ASI LO VOTO (arts. 168, 171 y concds. Constitución Provincial, arts. 44 inc "e", 47 segunda parte y concds. Ley 11.653).-

A la misma cuestión los Señores Jueces Dres. Lerena y Novoa adhieren por sus fundamentos y votan en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los Señores Jueces, por ante mí, Secretario autorizante, doy fe.-

Fernando Novoa Ricardo M. Scagliotti Alejandro A. Lerena

Presidente Juez Juez


Carlos Daniel Cusán

Auxiliar letrado


---------------------------------- S E N T E N C I A--------------------- --------------------

Mar del Plata, 12 de agosto de 2011.

AUTOS Y VISTOS: Atento el resultado de la votación y citas legales habidas en el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar la excepción de falta de legitimación activa deducida en el responde y en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por las actoras ALICIA AUDOLINA ARANDA y MARIANA HORTENCIA RIQUELME, condenando a CLAUDIO FABIAN ARMANASCO, a pagarle dentro de los diez días de notificado, a las actoras la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO ($134.641), en cuanto se procuró el cobro de las indemnizaciones previstas en los arts. 11 , 15 y 20 ley 24.557. 2) Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 15 ley 24557. 3) Los intereses son calculados aplicándose la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina, (conforme lo dispuesto por las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) Neros 414/99 y 287/01, cálculado desde el 09/05/2007 hasta el 04/07/2011 y sin perjuicio de su oportuno cálculo hasta el momento de su efectivo pago.- Así efectuado el cálculo, la suma asciende a PESOS CIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($107.184), totalizando la demanda en concepto de capital más intereses la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 241.826) sin perjuicio de calcular los intereses que correspondan por el período posterior al día 04/07/2011 y hasta el momento de su efectivo pago.- Imponer las costas a la demandada (Arts. 19, 63 y concds. Ley 11.653 y art. 68, 94 y concds. CPCCBA).- 4) La suma condenada deberá ser depositada dentro de los diez días de notificada la presente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del Tribunal y cuenta de autos. 5) Regular los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora Dres. CRISTIAN MARCELO PELAEZ y CHRISTIAN CESAR CASTAÑER, en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS para cada uno, los de los letrados patrocinantes de la parte demandada Dres. NANCY M. GONZALEZ y ALEJANDRO J. SUHIT, en la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE respectivamente, por sus labores desarrolladas conf. arts. 14, 21, 22, 23, 28 inc. f, 43, 51, 54 y concds. Ley 8904, a los que se adicionará el porcentaje del art. 14 Ley 6716 mod. por Ley 8455, regulaciones que surgen haber tomado como base regulatoria el capital más los intereses de sentencia que ascendió a $241.826. 6) Rechazar el planteo formulado por la parte actora a fs. 38 vta pto.XI).- 7) Registrar. Practicar liquidación. Notificar mediante cédulas. Oportunamente ARCHIVESE.


Fernando Novoa Ricardo M. Scagliotti Alejandro A. Lerena

Presidente Juez Juez


Carlos Daniel Cusán

Auxiliar letrado


CERTIFICO: de acuerdo a lo ordenado por el art. 59 de la ley 11.653 que el Dr. Scagliotti recibió los autos en fecha 15/07/11 y expidió su voto el 01/08/11; en la misma fecha recibió los autos y expidió su voto el Dr. Lerena, el Dr. Novoa recibió los autos en fecha 01/08/11 y expidió su voto 02/08/11.- CONSTE.-


Carlos Daniel Cusán

Auxiliar letrado
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