Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve, con la asistencia inicial de los




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N° 12-09

         Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las trece horas treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, Aguirre, Varela, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Vargas, Armijo y las Suplentes Roxana Salazar Cambronero y Rosa María Abdelnour Granados; la primera en sustitución de la Magistrada Calzada quien se halla incapacitada y la segunda ocupando la plaza vacante de la Sala Constitucional.

ARTÍCULO I

         Por ser esta la primera ocasión en la que la doctora Eva María Camacho Vargas integra esta Corte como Magistrada titular, el Presidente Magistrado Mora le expresa: “Sea usted bienvenida a la Corte Suprema de Justicia, ahora como Magistrada propietaria. Enhorabuena por el reconocimiento que el pueblo costarricense le ha hecho designándola como Magistrada de esta Corte en la Sala Segunda, por ello me siento muy satisfecho. Creo que el sentimiento que señalo es el mismo de todas y todos lo compañeros de esta Corte, quienes estamos seguros que usted hará importantes aportes a nuestras deliberaciones, aportes que indudablemente de mucho provecho en el proceso de mejoramiento en el servicio con que estamos comprometidos desde hace algunos años. Esperamos que su experiencia acá, ahora como Magistrada propietaria de la Sala Segunda, sea un aporte positivo en su formación profesional.  Su designación es un reconocimiento a sus capacidades profesionales. Le deseo muchísima felicidad para usted y su familia.”

         ENTRA LA MAGISTRADA ESCOTO.

 Manifiesta la Magistrada Camacho: “En realidad para mí es un honor compartir con ustedes, en otras oportunidades ya lo he hecho, he sentido la calidez de todos y todas y créanme que como reto fue un reto largo pero al final con un resultado para mí favorable, y me siento  muy  feliz y complacida con un gran compromiso de poder devolver estas metas que uno se propone profesionalmente, y sobre todo de devolverle al Poder Judicial  las oportunidades tan grandes que me han permitido estar el día de hoy aquí.

Creo que ya todos y todas sabrán mi compromiso con la materia familiar y esa meta continuará, probablemente estaré pendiente y presente en todas las luchas de la jurisdicción de familia y también en lo laboral, que me es una materia  muy  afín porque son materia de carácter social.

Quiero comentarles a nivel de anécdota lo que me sucedió ese día en breves palabras. Todas y todos han pasado por ese momento tan emocionante, tan difícil, tan inquietante; yo estaba sentada en el escritorio con la psicóloga del juzgado, no fue porque la llamé a propósito, sino que por casualidad iba pasando y se sentó conmigo, entonces en ese momento alguien me avisa y me dice: “doña Eva, en cinco minutos procederemos a la votación”, estaba tan emocionada como un montón de cosas que en esta semana me han pasado, entonces dije yo ¿qué hago?, bueno, el Ser Supremo por supuesto, pero algo, una palabra de aliento, algo que me diga cuál es el camino, entonces como ustedes lo sabrán yo estoy leyendo “La Columna de Hierro” y esto me ha acompañado en todo este proceso, y en la página que abrí leí lo siguiente, es más, me lo leyó Olga, y dice así: “La Diosa de la ley y la sabiduría dijo: “Esta medalla la representa tal como aparece en el Partenón de Atenas, te la mereces, musa la puso en mis manos, es un regalo maravilloso -declaró Elvia- es un regalo de una madre agradecida”. Eso fue lo que leí y fue muy emocionante, así que muchísimas gracias a todos y a todas y aquí estamos. Para lo que ustedes necesiten  mi oficina va a ser una oficina de puertas abiertas. Gracias”

Se acordó: Dejar constancia de las manifestaciones del señor Presidente, Magistrado Mora y de la Magistrada Camacho.

ARTÍCULO II

         Se aprobaron las actas de las sesiones celebradas el 23 y 30 de marzo último, números 10-09 y 11-09.

         Por no haber asistido a la primera de las sesiones, la Magistrada Camacho, el Magistrado Arroyo y la Suplente Salazar Cambronero se abstuvieron de votar la aprobación de esa acta.

ARTÍCULO III

         ENTRA EL MAGISTRADO CHAVES.

         En la sesión N° 06-09 celebrada el 16 de febrero del año en curso, artículos XVI y XIX, se conoció del acuerdo adoptado por el Consejo de Personal, referido a la propuesta para recalificar el puesto a la Secretaría Técnica de Ética y Valores, de "Profesional 2"  a "Jefe Secretaría Técnica de Ética y Valores".  

         La recomendación del Consejo de Personal fue la siguiente:

Este Consejo es coincidente en cuanto a que la definición de la ubicación salarial conforme se recomendó en los informes SAP-119-2008 y  en el SAP-315-2008 ambos de la  Sección de Análisis de Puestos sobre del cargo N° 350103 de la Secretaría Técnica de Ética y Valores está  acorde con los deberes y responsabilidades que debe realizar un puesto de esta naturaleza funcional.   Asimismo, con el espectro de tareas que debe desarrollar conforme lo estipulado en los planes operativos e institucionales.

No obstante lo anterior, considera que la valoración debe obedecer a una política institucional tomando como un elemento a considerar las decisiones que se han emitido con respecto al puesto de "Secretaria Técnica de Género".  Por lo cual los integrantes de este Consejo estiman, que la Corte Plena debe decidir si el puesto de la "Secretaria Técnica de Ética y Valores" debe o no equiparse  salarialmente a la "Secretaría Técnica de Género".


- 0 -

         En lo que interesa y por mayoría esta Corte resolvió: “Desestimar la recomendación del Consejo de Personal y en consecuencia mantener en la categoría de profesional 2 el cargo de Secretaría Técnica de Ética y Valores”

         La Magistrada Escoto, en oficio N° CMEF-SP-008-2009 de 30 de marzo último, le expresó al Presidente, Magistrado Mora:

“En la sesión de Corte Plena N° 6-09 celebrada el 16 de febrero en curso se conoció la consulta hecha por el Consejo de Recursos Humanos con el fin de homologar salarialmente el puesto de la jefatura de la Secretaría Técnica de Ética y Valores al puesto de la jefatura de la Secretaría de Género.  Ampliamente analizada esta consulta, se dispuso desestimar la homologación salarial.


No obstante, el acuerdo transcrito fue redactado de la siguiente manera: “artículo XIX, se dispuso desestimar la recomendación formulada por el Consejo de Personal, tendente a reasignar el puesto de Profesional 2 la Secretaría Técnica de Ética y Valores a Jefe de esa oficina”.


De manera,  se hace saber para lo de su cargo, que esta situación conlleva a una consecuencia que podría llevar a confusión o error, pues el informe llevaba dos recomendaciones y una consulta.  Y fue la consulta, en relación con la homologación salarial  la que Corte Plena desestimó; no como se indica.


De ahí que solicito se proceda a consignar en el acuerdo tomado, para que en su lugar se lea conforme se discutió y acordó: se dispuso desestimar la consulta de homologar salarialmente del puesto de la jefatura de la Secretaría de Género a la jefatura de la Secretaría de Ética y valores.”


- 0 -

         El Presidente, Magistrado Mora, le expresa a la Magistrada Escoto: “Me parece que su planteamiento se base en un hecho diferente a lo que resolvió la Corte, que fue “desestimar la recomendación del Consejo de Personal, y en consecuencia mantener en la categoría profesional 2 el cargo de Secretaría Técnica de Ética y Valores”, lo que diferencia a la propuesta suya es que la Corte se puso “recomendación” y usted lo que señala es “consulta”.”

         ENTRAN LOS MAGISTRADOS GONZÁLEZ Y JINESTA.

         Menciona la Magistrada Pereira: “Únicamente para aclarar el aspecto, en realidad yo no encuentro mayor diferencia entre lo que doña Carmen está indicando hoy y lo que la Corte en el acuerdo que se tomó resolvió. El informe del Consejo de Personal aprobaba la situación de que se recomendara efectivamente a la Corte decidir, por un aspecto de política institucional, si se equiparaba salarialmente el puesto de la Secretaría de Ética y Valores a el puesto de Secretaría Técnica de Género, ese era el único aspecto que se traía a colación a la Corte para su conocimiento porque los otros dos aspecto que contenía el informe era del Consejo Superior, y en realidad aquí lo que se desestima es la recomendación que hacemos nosotros para que se consulte la Corte  si se equipara o no y se dice que en consecuencia se mantiene la categoría de profesional 2 al cargo asignado a Secretaría Técnica de Ética y Valores, que en realidad es la calificación que inicialmente en el estudio de personal se le dio como profesional 2. El cuestionamiento que acá hicimos es que inicialmente cuando se creó la Secretaría de Género, el Departamento de Personal también le había dado una categoría de profesional 2 a ese cargo, pero por un acuerdo de Corte  se equiparó al salario que tienen los jueces de categoría 3; Entonces al crearse en idéntica condición ambas Secretarías pues había una discrepancia –diríamos-  en cuanto al salario de una y de otra, pero como había sido un acuerdo de Corte, era ésta la única que podía decir si se equiparaba al salario que tiene en la  actualidad la Secretaría Técnica de Género. Al decir la Corte que se desestima la recomendación del Consejo de Personal, y en consecuencia se mantiene la categoría de profesional 2 en el cargo de  Secretaria Técnica y Valores, creo que realmente está dejando claro, me parece a mí, la decisión de esta Corte de no equiparar el salario que era lo que se consultaba, pero en fin, si hay alguna cuestión de palabra que hay que se quiera cambiar no tendría ninguna objeción.”

         ENTRA LA MAGISTRADA VILLANUEVA.

         Agrega la Magistrada Escoto: “Es en lo que últimamente la Magistrada Pereira enfatiza, es decir, es en cuanto a la nomenclatura y a la palabra que sí afectaría porque mientras en lo que  se consignó que aquí se aprobó es tendente a reasignar el puesto de Profesional 2 en realidad lo que interesa y debería de haberse consignado es que ella está en el puesto de la Jefatura de la Secretaría de Género, que es distinto, porque en realidad la función de la persona a cargo de la Secretaría de Valores es la de Jefa de esa oficina y se le está dejando como profesional 2. Yo sé que ampliamente aquí se discutió el asunto de no equiparar salarialmente a la Secretaría Técnica de Ética y Valores, y eso se aprobó, pero a la hora de acordarse deberá de decirse entonces si no hay problema por qué no ponerlo así: “Se dispuso: Desestimar la consulta de homologar salarialamente del puesto de la Jefatura de la Secretaría de Género a la Jefatura de la Secretaría de Ética y Valores”, que fue lo que se discutió y no calificarla como profesional 2, sino dejarla como Jefa de la Secretaría de  Valores.”

         El Presidente, Magistrado Mora, adiciona: “No sé dónde está el problema, doña Carmen, reitero, lo dispuesto por la Corte no es exactamente lo que usted nos dice que se dispuso.”    

Añade la Magistrada Pereira: “Solamente para aclarar, en realidad ambos puestos que se denominan Secretaria de Ética y Valores, y Secretaria de Género, esa es la nomenclatura de esos puestos, no contienen el nombre de Jefatura de la  Secretaría, no están así en la clasificación de puestos, lo que está es lo que aquí se denomina “categoría” que es otra cosa de profesional 2 que es la categoría salarial donde se ubican las plazas, pero la nomenclatura de esas plazas es de Secretaria de Ética y Valores.”

         El Presidente, Magistrado Mora, dice: “Yo también entiendo de esa forma lo planteado y por eso me extrañó el señalamiento de doña Carmen María, no veo que haya alguna divergencia en lo dispuesto en relación con ese puesto, pues lo único que se hizo fue no homologar una y otra en la categoría de profesional 1 a profesional 3.”

Adiciona la Magistrada Escoto: “Solamente quería hacerles saber que esto al llevarlo al seno de la Comisión, y sobre todo a la que está en este momento fungiendo como Secretaria, considera que entonces queda puesto como Profesional 2 de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, cuando en realidad debió de ponerse Jefa de la Secretaría de Valores.” 

         Aclara el Presidente, Magistrado Mora: “Ese puesto no existe, es una categoría salarial que es de la profesional 2, ese es el tema.”

La Magistrada Varela señala: “Para agregar que en el informe técnico que conocimos en el Departamento de Personal, como bien lo manifestó doña Magda, está claramente establecido que es una categoría de profesional 2 y que esa es la misma categoría debió llevar el cargo de la Secretaría Técnica de Género, sólo que en este último caso se tomó una decisión política que llevó a darle una valoración salarial mucho mayor. Ante esa circunstancia el Consejo de Personal consideró que la solución tenía que ser igual-y por eso se le planteó a esta Corte- indicando que técnicamente la categoría de profesional 2 es la que corresponde; sin embargo debe darse la equiparación con la otra Secretaría, aunque está sobrevalorada, de acuerdo al resultado de los estudios técnicos. Por eso se estimó que debe adoptarse la decisión política de equipararlas, y eso fue lo que se consideró en aquella oportunidad por esta Corte, cuando se optó por dejar de lado la recomendación técnica y tomar la decisión política de aumentar la categoría. Esto mismo debe hacerse en este caso para equiparar esos dos puestos porque están en similitud de condiciones.”

         Recibida la votación respectiva, por mayoría de doce votos, se dispuso: Desestimar la revisión interpuesta por la Magistrada Escoto, y en consecuencia mantener lo resuelto en la sesión celebrada el 06-09 celebrada el 16 de febrero del año en curso, artículos XVI y XIX. Así votaron los Magistrados Mora, Rivas, Solís, León, Aguirre, Villanueva, Ramírez, Chaves, Pereira, Armijo, Jinesta, y la Suplente Abdelnour Granados.

         Los Magistrados González, Escoto, Varela, Vega, Camacho, Arroyo, Vargas, y la Suplente Salazar Cambronero, emitieron su voto por acoger la revisión interpuesta.

ARTÍCULO IV

         SALEN LOS MAGISTRADOS CHAVES Y ARMIJO.

         En memorial de 19 de julio del 2.008, el señor Fernando Herrera Carranza, con base en las razones que indicó, interpuso demanda de responsabilidad civil contra los Magistrados de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Alfonso Chaves Ramírez y los ex Magistrados Daniel González Álvarez y Rodrigo Castro Monge.

         La Presidencia de la Corte, mediante resolución de las 14,40 horas del 5 de setiembre del 2.008, previno al gestionante para que ratificara la demanda mediante la “autenticación de un abogado, según la exigencia del artículo 114 del Código Procesal Civil, además de cumplir con todos y cada uno de los requisitos formales de las demanda de este tipo, señalados en los numerales 90 y 290 de ese mismo código.”

         El señor Herrera Carranza, en libelo recibido el 16 de setiembre del año pasado, solicitó que su gestión se tramite vía disciplinaria.

         Con instrucciones de la Presidencia, la Secretaría General solicitó el correspondiente informe al Presidente de la Sala Tercera, Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien en nota de 20 de marzo último, lo rinde en los siguientes términos:

“En atención a su oficio 1773-09 de fecha 26 de febrero de 2009 donde indica que con instrucciones del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Mora Mora, se solicita remisión de informe sobre la queja interpuesta por el señor  Fernando Herrera Carranza, contra los magistrados de la Sala Tercera Jesús Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Alfonso Chaves Ramírez y los ex Magistrados Daniel González Álvarez y Rodrigo Castro Monge, según consta en expediente RC-008-200,  quien suscribe se permite informar lo siguiente:


Mediante sentencia número 471-2003 de las 10:00 horas del 10  de setiembre del año 2003, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: 1)  acoger la excepción de prescripción de la acción penal planteada y absolver de toda pena y responsabilidad a FERNANDO HERRERA CARRANZA por tres delitos de ABUSOS DESHONESTOS en perjuicio de A. A. A., por haberse extinguida la acción penal a su favor. 2) Se declara a FERNANDO HERRERA CARRANZA autor de dos delitos de VIOLACION en perjuicio de A. y L. E. A. Á. y en tal carácter le impuso el tanto de DIEZ AÑOS DE PRISION por cada uno de ellos, para un total de VEINTE AÑOS DE PRISION. Igualmente se le declaró autor responsable de un delito de ABUSOS DESHONESTOS en perjuicio de A. A. A. y en tal carácter le impuso DOS AÑOS DE PRISION y CUATRO delitos de ABUSOS SEXUALES contra personas menores de edad, dos en perjuicio de L. E. A. A. y dos en perjuicio de L. S. R., imponiéndosele el tanto de CUATRO AÑOS DE PRISION por cada uno de ellos, para un total de DIECIOCHO AÑOS DE PRISION. Así también se declara autor responsable de un delito de PRIVACION DE LIBERTAD AGRAVADA en perjuicio de L.S.R. y en tal carácter le impuso el tanto de DOS AÑOS DE PRISION. Sumadas todas las penas de prisión aquí impuestas da un total de CUARENTA AÑOS DE PRISION, que adecuadas a las reglas del concurso material el aquí sentenciado tendrá que descontar una pena final de TREINTA AÑOS DE PRISION.


Contra la citada sentencia se interpuso recurso de casación que fue resuelto mediante voto número 2004-00177  de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:25 horas del 5 de marzo de 2004, declarando sin lugar el recurso.


En la queja presentada por el sentenciado, y que motiva el presente informe, se indica que la inconformidad del gestionante estriba en lo siguiente:


Que los magistrados contra los que dirige su queja “infringen la ley en el fondo de la resolución –de recurso de casación Nº 02-002481-175-PE resolución Nº 177-2004- (…) La infracción a la ley se configura al dejar en firme la sentencia número 471-2003 sin el goce de los requisitos de la norma internacional 8.2.h de la Convención Americana


Los alegatos del quejoso son erróneos e infundados, el hecho de que se tramitara el recurso de casación antes de la entrada en vigencia de la Ley de Apertura de la Casación Penal no implica por sí misma una violación al artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Efectivamente, si en el conocimiento y resolución del recurso de casación la Sala Tercera valoró y se pronunció conforme a derecho sobre cado uno de los extremos alegados por el recurrente, por lo que no se produjo, con ese accionar, ninguna violación de los derechos fundamentales del sentenciado.


Por otra parte, debe indicarse que con posterioridad al dictado de la sentencia del recurso de casación, el señor Herrera Carranza interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tres procedimientos de revisión de su sentencia condenatoria y en todos ellos se evaluó el apego de la sentencia condenatoria a la normativa jurídica y a los principios que informan el debido proceso en materia penal.


De manera que, aun después de la entrada en vigencia de la ley 8503 de 28 de abril de 2006 - Ley de  apertura de la casación penal-, se volvió a revisar la sentencia dictada en contra del sentenciado en tres ocasiones y en todas ellas no fue posible hallar vicio alguno que motivara su anulación. (Cfr. Votos 2004-00714 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 8:35 horas del 25 de junio del 2004; 2005-00923 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:30 del 17 de agosto de 2005; 2008-00411 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:05 horas del 30 de abril de 2008).


En primer término debe decirse que el hecho de que los magistrados de Casación hayan considerado la improcedencia del recurso no implica, per se, que se haya actuado contra derecho, que se haya actuado en abierta negligencia o torpeza en la aplicación del derecho y mucho menos que tal proceder implique la comisión de una falta disciplinaria, sino que tal opinión obedeció a una INTERPRETACIÓN DEL ASUNTO  REALIZADA CONFORME DE LA LEY.


En virtud de lo anterior puede afirmarse que el sentenciado no quedó sin posibilidad de recurrir el fallo o de que se revisara integralmente la sentencia condenatoria, más aun, según esta estructurado nuestro procedimiento penal, el sentenciado puede acudir –sin límite- ante la Sala Tercera a solicitar la revisión de su sentencia si considera que pudo ocurrir una violación a los principios del debido proceso penal (cfr. Art. 408 inciso g del Código Procesal Penal). De manera que aun hoy le asiste ese derecho y de ejercerlo la Sala de casación penal, con una conformación distinta a la que ya ha intervenido en otras oportunidades en el conocimiento del asunto, resolverá sobre la procedencia o no de sus alegatos.


Debe reiterarse que los alegatos del señor Herrera Carranza no son de naturaleza disciplinaria, son de interpretación de la norma ley procesal penal, de la normativa contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la jurisprudencia que ha producido la aplicación de esas normas. El gestionante pretende que se realice un examen de la legalidad de lo actuado por la Sala Tercera, pero a través de un procedimiento no jurisdiccional y, en consecuencia, tal pretensión es del todo improcedente.


No resulta legítimo -ni legal ni constitucionalmente-, que mediante un proceso administrativo disciplinario se venga a realizar un examen de las resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, (ni de ninguna otra Sala o instancia jurisdiccional del Poder Judicial) y tampoco lo es que los Jueces de la República deban acudir a esta instancia a fundamentar o explicar las resoluciones que dictan, pues, como se dijo antes, cada sentencia debe bastarse a sí misma y si no lo hace, corresponde a las instancias jurisdiccionales (nacionales e internacionales) pronunciarse sobre ellas y así debió declararse ad portas.


Con el funcionamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se han respetado los principios del debido proceso, de derecho de defensa, de legalidad, de acceso a la justicia, de imparcialidad del juzgador y los derechos y garantías procesales y fundamentales que le asisten al gestionante.


Resulta de la mayor importancia señalar también que en el escrito de su inconformidad el quejoso no señala la falta disciplinaria que, según su criterio, se ha cometido  (artículos 191 a 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y tampoco de sus alegatos es posible subsumir la actuación de la Sala Tercera en las causales previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.


En virtud de lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en lo conducente dice: “Será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas” […], lo que procede es desestimar la queja interpuesta y así se solicita se declare.


Para atender notificaciones señalo la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.”

- 0 -

         Se acordó: Tener por rendido el informe del Magistrado Arroyo, y con base en las razones y normas legales que se citan, desestimar la queja y ordenar su archivo.

         La Magistrada Pereira y los Magistrados Ramírez y Arroyo se abstuvieron de votar.

ARTÍCULO V

ENTRAN LOS MAGISTRADOS CHINCHILLA Y ARMIJO.

En memorial de 20 de julio del 2.008, el señor Alfonso Anglin Harris, con base en las razones que indicó, interpuso demanda de responsabilidad civil contra los Magistrados de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jesús Ramírez Quirós y Magda Pereira Villalobos, los Magistrados Suplentes Jeannette Castillo Mesén, Rosario Fernández Vindas y Jorge Arce Víquez y los ex Magistrados Rodrigo Castro Monge, Rafael Medaglia Gómez y Joaquín Vargas Gené.

         La Presidencia de la Corte, mediante resolución de las 13,15 horas del 2 de diciembre del 2.008, previno al gestionante para que ratificara la demanda mediante la “autenticación de un abogado, según la exigencia del artículo 114 del Código Procesal Civil, además de cumplir con todos y cada uno de los requisitos formales de las demanda de este tipo, señalados en los numerales 90 y 290 de ese mismo código.”

         El señor Anglin Harris, en libelo recibido el 8 de diciembre citado, solicitó que su gestión se tramite vía disciplinaria.

         Con instrucciones de la Presidencia, la Secretaría General solicitó el correspondiente informe al Presidente de la Sala Tercera, Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien en nota de 18 de marzo último, lo rinde en los siguientes términos:

“En atención a su oficio 1775-09 de fecha 26 de febrero de 2009 donde indica que con instrucciones del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Mora Mora, se solicita remisión de informe sobre la queja interpuesta por el señor  Alfonso Anglin Harris, contra los magistrados de la Sala Tercera José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jesús Ramírez Quirós, Magda Pereira Villalobos y los Magistrados suplentes Jeannette Castillo Mesén, Rosario Fernández Vindas y Jorge Arce Víquez; los ex Magistrados Rodrigo Castro Monge, Rafael Medaglia Gómez y Joaquín Varas Gené, según consta en expediente RC-013-2008,  quien suscribe se permite informar lo siguiente:

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